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Primero lo raptaron. Luego lo ataron a una silla y le propinaron 50 cuchilladas. La mañana siguiente, el 11 de septiembre del 2005, Luciano Romero era un hombre muerto. Su cadáver fue hallado en las afueras de Valledupar, detrás de la guarnición del Ejército. Y así se registró una infamia más de la guerra en Colombia: paramilitares acababan de matar a un sindicalista.
Dos años después, un juez declaró culpables del asesinato a miembros del Bloque 'Mártires del César' de las AUC, y aunque recomendó a la Fiscalía buscar más responsables en las esferas del poder, las pesquisas se paralizaron. De esta manera, como en la mayoría de los 2.800 homicidios de sindicalistas del último cuarto de siglo, el fin de Luciano Romero no habría pasado a mayores. Si no fuera por que la semana pasada su nombre llenó titulares en reconocidos medios europeos.
La razón: el 5 de marzo, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) presentaron ante la Fiscalía de Zug, en Suiza, una querella contra el gigante mundial de los alimentos Nestlé.
Hasta el 2002, Romero había sido empleado de Cicolac, una procesadora de leche de este consorcio en Colombia, pero continuó en el sindicato, entre otras cosas -según el ECCHR-, para exigir protección de su exempleador. Antes de su muerte, Romero se preparaba para declarar contra Nestlé en un congreso en Berna. El ECCHR acusa a ejecutivos de alto rango de la empresa de haber propiciado un ambiente de peligro -al acusar al sindicalista de ser guerrillero- y de haber omitido protegerlo a pesar de las amenazas contra su vida. Según la denuncia, en Suiza tales acciones podrían entenderse como "homicidio por negligencia".
Que una ONG demande a una multinacional no es nuevo. Es más, denuncias de ese tipo contra gobiernos y empresas abundan, y en su mayoría, la falta de sustancia les quita seriedad. Sin embargo, los juristas del EcchrCCHR se ganaron la atención de medios y expertos en el Viejo Continente. Semana.com tuvo acceso a los más de 100 folios del documento, que no sólo está rigurosamente documentado, sino que estriba en un hábil truco jurídico sin precedentes en Europa: Si no protege a sus empleados en países de riesgo como Colombia, como es su obligación, ¿se puede convertir una multinacional en cómplice de homicidio cuando los actores armados del conflicto acaban con la vida de uno de ellos?
Los acusadores subrayan que no están acusando a Nestlé de haber ordenado el asesinato del sindicalista Luciano Romero, pero le exigen a la justicia suiza que aclare si pudo haber algún grado complicidad indirecta.
"Para los acusados el asesinato de Luciano era previsible y evitable", dijo a Semana.com Claudia Müller-Hoff, del ECCHR. "Previsible, porque por años habían recibido advertencias sobre la situación de los sindicatos, entre otras, desde la ONU, y evitable, porque habrían debido tomar medidas para impedir el asesinato".
Según Müller-Hoff, las medidas han sido enumeradas por la OCDE y son de conocimiento general. Con la denuncia, los juristas no sólo quieren combatir la impunidad en Colombia, sino resolver interrogantes sobre el alcance de las obligaciones que tienen empresas presentes en zonas de alta actividad criminal.
Philippe Aeschlimann, vocero de Nestlé en Suiza, dijo a Semana.com: "Condenamos cualquier forma de violencia y rechazamos cualquier acusación que intente relacionar a Nestlé con actos violentos".
En unísono con esta declaración, las oficinas de la multinacional en Colombia, que dicen haber recibido "con asombro" la denuncia penal interpuesta por Sinaltrainal y el ECCHR, rechazaron en conversación con Semana.com las "temerarias" acusaciones "por infundadas".
"(...) Ejerceremos todas las acciones legales que correspondan en nuestra defensa", dicen sus voceros. La empresa recuerda que Romero fue despedido en octubre del 2002 "con justa causa por haber participado activamente en el cese ilegal de actividades del 12 de julio del 2002" y subraya que, en el momento del homicidio, él trabajaba como taxista en Valledupar y no era empleado de Cicolac.
Por el momento, la denuncia reposa en el despacho de un fiscal de Zug. De encontrar coherentes la argumentación y la documentación de los denunciantes, quedaría en manos de investigadores suizos probar ante un juez si el comportamiento de los ejecutivos y el supuestamente insuficiente manejo de riesgos en el caso de Romero constituyen un ilícito penal.
Fuente: Sinaltrail
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