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Así, tras el objetivo de volver aun más rentable el multimillonario negocio, las cabezas de los conglomerados que lo manejan y sus voceros gremiales: Asofondos, Fasecolda y ANIF, junto a Fedesarrollo, su “centro de pensamiento”, y una caterva de editorialistas fletados, más la cúpula oficial, se autoproclamaron redentores de las mayorías en contra de la voracidad de obreros y empleados, cuyas prebendas pensionales son la causa de innumerables dolencias de la sociedad. Dicen que, por culpa de estos, la cobertura es bajísima, de apenas 1,3 millones de colombianos —el 26% de las personas en edad de jubilación—, cuando debería ser de al menos 5 millones, como en Europa, donde alcanza entre 60% y 65%. Muchas personas, aducen los voraces especuladores, no tienen ni la menor posibilidad de aspirar a un ingreso después de que dejen de trabajar, y que el sistema actual, de mantenerse, dejaría sin este derecho a 13,4 millones de personas; que va a haber cada vez menos gente contribuyendo y más beneficiándose, también sentenció Santos. Los compunge que no se esté ahorrando para la vejez; que el sistema genere elevados costos fiscales; que todo el mundo busque cómo sacarle mayor subsidio al Estado; que los fallos de tutela estén desmontando la Ley 100 y otras reformas posteriores a esta; que la deuda pensional se ubique en el 161% del PIB; que del presupuesto anual, cerca de $24 billones, un 4,3% del PIB, cifra equivalente al total del IVA interno, se vaya solamente en pagar las mesadas de ese grupo de privilegiados, lo que suma el doble de lo dedicado a salud y más de lo que se destina a educación. Preocupados por el bienestar de la población, que los recursos del presupuesto nacional deberían dirigirse a los más pobres, a los más necesitados; “Si no tuviéramos que pagar esas cifras, podíamos duplicar, más que duplicar el presupuesto en la educación”, se rasga las vestiduras Santos, quien agrega, para completar, que en el sector judicial hay “unas pensiones realmente escandalosas que todos nosotros acabamos pagando. A eso hay que ponerle coto”.
Explican que son varias las gabelas que han determinado los males mencionados. Entre ellas, el marcado desequilibrio entre el tiempo que se trabaja y el que sobrevive el pensionado; la diferencia de edades de retiro entre hombres y mujeres, lo que agrava el problema, ya que estas cotizan menos, se pensionan antes y viven más; el incremento de las mesadas de acuerdo con el salario mínimo, mientras los “instrumentos del mercado” (acciones, bonos, títulos, en los que invierten las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) están relacionados con el IPC y no con el sueldo mínimo; la alta tasa de reemplazo (proporción entre la jubilación obtenida y el último sueldo de una persona), una de las mayores del mundo, en tanto que la tasa de contribución (porcentaje que se cotiza del sueldo) está entre las más bajas; que en todo lado la pensión se convierte en una parte menor del 100% del salario, pero en Colombia, tratándose del salario mínimo, la relación es uno a uno, enfatiza el liberal Pardo Rueda; que en el Seguro Social el 86% de los pensionados pertenece al quintil más pudiente de la población y menos del 1% al quintil más pobre; que el 85% de los subsidios que otorga el régimen público se dirige al 20% de los trabajadores, los de mayores ingresos, es decir, que están “mal focalizados”.
Con el fin de darles más peso a sus amonestaciones, los agiotistas, al igual que sus pares del Viejo Mundo, aducen que la crisis que padece Europa tiene que ver con los sistemas pensionales públicos que, alegan, son el principal problema fiscal porque sus presupuestos ya no son suficientes para cubrir los beneficios de los trabajadores. Para reforzar, traen a colación que en el mundo, en los últimos 20 años, 18 países incrementaron la edad; 57, las tasas de contribución; 28, las fórmulas de beneficios; 10, los períodos sobre los que se calcula el monto de la mesada; 14, la base de las contribuciones o los mecanismos de indexación.
Luego del aterrador diagnóstico, cuyo objeto es acusar a los pensionados, actuales y futuros, de estar casi incursos en delitos de lesa humanidad, viene la larga receta de pócimas que conducen a la tierra prometida de la eficiencia, la universalidad, la solidaridad y la equidad, la sostenibilidad fiscal y financiera, y claro, la transparencia: eliminar el régimen de prima media o dejar que se marchite, o, al menos, como sugirió el presidente de la junta directiva de Asofondos en su último Congreso, que los dos sistemas se complementen, “focalizando” el privado en las etapas de acumulación y el público en las de desacumulación (es decir, que las AFP reciban las contribuciones y el Estado se haga cargo de las mesadas); disminuir la tasa de reemplazo; reducir el ingreso base de liquidación (suma sobre la que se hace el cálculo pensional, que en el régimen de prima media es un porcentaje sobre el promedio del sueldo de los 10 últimos años; y en el de ahorro individual depende de los montos que consigne en su cuenta el afiliado); suprimir la pensión mínima y la obligación de que se incremente anualmente; aumentar la edad, acercándola cada vez más a la de las exequias; extender el tiempo de cotización —de lo que se abanderó César Gaviria—; encontrar la medida adecuada para evitar que se siga incrementando el traslado de personas de los fondos privados al Seguro Social; eliminar definitivamente los regímenes especiales; evitar que las personas de “altos ingresos” sean quienes reciban los apoyos del Estado; establecer la pensión familiar. Tomar algunas otras medidas que les permitan a los fondos embolsillarse una mayor parte de los rendimientos de las inversiones; reglamentar en el mismo sentido los llamados multifondos; hacer más laxas las normas sobre el margen de solvencia, es decir, las que regulan los ahorros que no pueden arriesgarse en el agio; y la emisión por parte del gobierno de bonos de largo plazo que paguen altos intereses y cuyo capital invertido en ellos esté totalmente protegido contra la inflación.
Capítulo aparte merece la insistencia en establecer lo que David Bojanini, presidente del Grupo Sura, llama el “sisben de las pensiones”, que es en realidad lo que la burguesía se propone para la inmensa mayoría de los colombianos cuando llegue a la edad de retiro. En primer lugar, el plan abarca al elevado número de quienes cotizan por lustros pero no completen el número de semanas requeridas y a quienes laboran en el “mercado informal”, porque no pueden ser contratados dada “la enorme cantidad de cargas sobre los salarios y regulaciones”. Estos se harían acreedores a un pago mensual de entre el 40% y el 60% del salario mínimo, según los multimillonarios más que suficiente para vivir sin apuros, o menor, según los estudios que presenten los economistas. Y, aunque el límite entre los dos sectores no esté nada claro, para la inmensa masa del sector informal, de los empleados por cuenta propia, para 8 millones de personas, de acuerdo con los cálculos oficiales, un “beneficio”, no propiamente una pensión, como se encarga de aclararlo el ministro Pardo Rueda, equiparable al estipendio que hoy reciben los agraciados de Familias en Acción. Para ello se procederá a reglamentar detalladamente los Beneficios Económicos Periódicos, BEP, estatuidos en la reforma financiera de 2009 (artículo 87 de la Ley 1328), con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, una cuenta manejada por el Ministerio del Trabajo, cuyos recursos provienen por mitades del erario y de la sobretasa a las cotizaciones con una base de cálculo igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales. Este Fondo tiene hoy dos billones de pesos y el Ministro calcula que cuando se empiece a pagar tendrá 12 billones, lo cual quiere decir que la suma se agotaría en solo doce meses si se asignara, por ejemplo, un “beneficio” de $125.000 durante un año a cada uno de los 8 millones de favorecidos, por lo que se colige fácilmente que el subsidio podría ser aún más irrisorio que el de Familias en Acción. Pero tanta magnanimidad no podía ser gratis, al “Sisben pensional” accederán, además de los que no alcanzaron a cumplir los requisitos, quienes hayan cultivado la cultura del ahorro, o sea, quienes de su rebusque y a costa de todavía mayores privaciones, hagan fila cumplidamente cada mes ante las ventanillas de las AFP a depositar su aporte voluntario de al menos el 4% sobre el salario mínimo, lo que cancelarían si estuvieran formalmente vinculados a una empresa.
Es claro que toda la alharaca reformista busca extraerle aún más lucro a esta veta de la especulación financiera en que fueron convertidas las jubilaciones a partir de la Ley 100 de 1993. Hoy, entre seis AFP controlan el ahorro más importante de la economía, los aportes de más de 10 millones de colombianos, una cifra superior a 103 billones de pesos, más del 18% del PIB, distribuidos así: Porvenir, del Grupo Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento, 28,97%; Protección, de Inversiones Suramericana, del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, 24,36%; Horizonte, del consorcio español BBVA, 15,50%; Colfondos, de Colpatria, 13,76%; ING, 12,32% —fue adquirido el año pasado por Inversiones Suramericana, lo que deja al GEA con el 37% del sector en Colombia, y en Latinoamérica con 25 millones de clientes—, y Skandia, 5,08%.
A estos oligopolios no hay dádiva que no se les haya concedido. Cobran el 3% por “administración” y seguros; la mayoría de los empresarios dada la coyunda a la que por una u otra vía están sujetos al capital financiero, enlistan en ellos a sus empleados, aunque la letra muerta de la ley diga que ello es de libre elección del trabajador; tienen una parte ínfima de pensionados a su cargo y se calcula, además, que bajo su sistema para obtener una pensión equivalente al salario mínimo, debe cotizarse sobre más de tres veces esta cantidad, pero como, debido a esto, la mayoría de los afiliados no alcanzan a completar el capital necesario para pensionarse aunque sea con ese mínimo, el gobierno creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, FGPM, para que no fueran las AFP con su propio capital las que respondieran por el faltante de la mesada, sino el Presupuesto Nacional y los propios afiliados —la celebrada solidaridad— con el 1,5 % de su salario (esto es, casi el 10% de la cotización total), porcentaje que no se les devuelve al 30% de los inscritos, que terminan por no pensionarse, debido a que por la inestabilidad en el empleo cotizan apenas dos meses de cada cinco, por lo que a la edad de retiro las AFP les “devuelven” el capital ahorrado, pero no los aportes al Fondo de Garantía. Sólo entre la tasa por administración y la cuota para el FGPM, los usureros le esquilman al trabajador casi el 30% de cada aporte. Se calcula también que la mayoría de las pensiones apenas rondan el 40% del salario base de cotización. Se enriquecen, además, invirtiendo en deuda pública los dineros de los cotizantes, en las condiciones que ellos mismos les dictan a quienes desde los cargos estatales se encargan de administrarles sus intereses; acomodan la legislación sobre inversiones a su gusto, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo aventuras especulativas de alto riesgo a través de la figura de los multifondos.
Son estos Shylocks modernos, infinitamente más codiciosos que el del drama de Shakespeare, los que se atreven a erigirse dizque en adalides de las mayorías y protectores del fisco para arrasar con los derechos de los estrujados proletarios y empleados, con base en perorar que quienes lograron una pensión en el régimen de prima media —a quienes motejan de ser los más ricos de los ricos—. Se trata de más o menos 1,2 millones de personas, de las cuales el 60% reciben menos de dos salarios mínimos al mes, como lo demuestran distintos estudios, incluido el recientemente publicado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, que también expuso cómo frente a estas míseras mesadas que, en realidad, dan una suma anual inferior al mínimo mensual, si se tiene en cuenta que de ellas debe pagarse la totalidad de la cotización en salud (12%) y que no se perciben las prestaciones sociales de ley de quienes aún están laborando, existe una minoría, que no llega a 2.000 personas, que goza de una jubilación de alrededor de $20 millones al mes, en lugar destacado los ex congresistas y ex magistrados encargados los unos de elaborar y los otros de declarar exequibles las normas que les dictan los magnates.
De lo dicho, al menos dos conclusiones saltan a la vista. La una, que el primero entre los primeros puntos de un programa de reivindicaciones democráticas de los colombianos tiene que nacionalizar sin indemnización la banca. ¡Qué portentosas palancas de desarrollo nacional y de bienestar del pueblo serían esas fabulosas sumas hoy dedicadas exclusivamente a la orgía especulativa!
En segundo lugar, que nada tienen los trabajadores que concertar sobre este nuevo atentado que les prepara Santos, cabeza actual del régimen oligárquico. Nada bueno les augura a las masas afectadas la política de llevar “contrapropuestas” a la famosa Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, como lo planteó el esquirol Julio Roberto Gómez, o como lo concluyó la CUT en la XLIX Junta Nacional celebrada recientemente, en la que plantea: “Exigir al gobierno la atención de la agenda laboral que la CUT y demás centrales presentamos ante la Comisión Nacional de Concertación y la misma presidencia (…) A mediano plazo atenderemos la agenda legislativa y la elaboración de propuestas de los trabajadores y las centrales para contraponer a los raponazos que el gobierno de Juan Manuel Santos y el capital financiero impulsan”. Nuevamente, el apaciguamiento de las mesas “concertadoras” y el cabildeo parlamentario. Urge la concreción de un plan de lucha sistemática y a vasta escala, que despierte la indignación y movilice a las masas laboriosas, que convoque el apoyo de las mayorías de los colombianos, única táctica capaz de derrotar el designio santista.
FUENTE: http://asputol.blogspot.com/
VIA: EL SALMON
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