Abogado Cruz denuncia “política de impunidad” en el Programa de DD.HH. por caso Víctor Jara El

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior decidió no apelar para lograr el procesamiento de militares imputados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

Recordemos que en 2010, Cristián Cruz, entonces abogado querellante por el programa solicitó la prisión preventiva para los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo.


Según da cuenta un diario electrónico, el ministro a cargo, Juan Fuentes Belmar, rechazó la petición de Cruz, por lo que el abogado recurrió a la Corte de Apelaciones. Sin embargo, en ese momento el profesional fue despedido por la jefa del programa, Rossy Lama, “porque no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”.

Luego de este despido el organismo querellante decidió que el caso siguiera la tramitación normal y no concurrió a la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones para exponer los argumentos para detener a los militares vinculados con la muerte a 44 balazos de Jara.

El marginado Cristián Cruz criticó que el programa está lejos del compromiso con los Derechos Humanos y aseguró que si bien “las razones reales hay que preguntárselas a Rossy Lama y su séquito o sus superiores, aquí claramente hay una política de impunidad que ella ha venido desarrollando en el programa y no sólo en este caso, sino en otras. Prueba de ello es la serie de querellas que realizaron diversos abogados y que han sido retenidas en la oficina del subsecretario o del ministro del Interior”.

Cruz dijo que la presentación de la querella por el caso de la muerte de José Tohá fue un hecho excepcional y que por eso fue mostrada en forma pública, lo que no ocurre con otras víctimas de la dictadura.

Una de estas personas perjudicadas por el Programa de Derechos Humanos sería ahora, Víctor Jara: “Su suerte corre la de la mayoría de aquellas víctimas, es decir, un abandono y desidia por parte del gobierno. En la impunidad el gobierno no ha hecho diferencias”, dijo.

La molestia de la AFDD

Por su parte, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguró que el caso es gravísimo: “Lo que está pasando aquí es ya un escalón superior en la política de desnaturalizar este programa de manera tal que sea estrictamente administrativo y que no tenga la facultad y el deber de sacar adelante las causas judiciales en casos de violaciones a los Derechos Humanos para que no queden en la impunidad”, subrayó.


Mireya García anunció que volverán a insistir en la salida de la ex fiscal como secretaria ejecutiva del programa, a pesar de los apoyos políticos con los que cuenta, porque no es una persona comprometida con la justicia.

Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con la cuestionada Rossy Lama pero su respuesta se remitió a un comunicado escrito donde asegura que esta acción “no afecta la consecución de verdad y justicia por el homicidio de Víctor Jara”.

La jefa del Programa de de Derechos Humanos agrega que los cuatro individuos cuya orden de detención fue solicitada, han comparecido al llamamiento judicial cada vez que el tribunal así lo ha requerido, prestando declaración indagatoria, por lo que no existe necesidad de medidas cautelares.

Cabe recordar que hasta ahora el único procesado, como presunto autor material del homicidio, es el ex conscripto José Paredes Vásquez quien actualmente goza de libertad provisional.

Esta semana el caso entra en una fase clave puesto que el 31 de enero el juez Belmar deja la causa para presidir la Corte de Apelaciones, por lo que debe decidir si sigue sus causas o se designa un reemplazante.