A través de un comunicado, la asociación aclaró que “la Jueza Sandra Arroyo Salgado se entrevistó personalmente con Marcela y Felipe Noble Herrera, en presencia de sus letrados, para explicarles que el objeto de la causa es determinar si son hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar”.
“Y que la investigación no puede depender de su voluntad, pues se encuentra en juego el derecho a la verdad y la obligación de investigar delitos de acción pública”, agregaron en el comunicado.
Señalaron también que ellos “no son las únicas potenciales víctimas de estos graves hechos, sino que existe un número indeterminado de familias con las cuáles podrían tener relación y que una vez que la verdad sea establecida, cada uno podrá tomar sus decisiones libremente, reservadas al ámbito privado”.
Además, las Abuelas manifestaron que la jueza los informó acerca de la necesaria intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, remarcando las garantías de control y contraprueba que ofrece dicha institución y la ley aplicable. Arroyo Salgado advirtió las irregularidades cometidas con las muestras de sangre recabadas en diciembre en el Cuerpo Médico Forense, en tanto esta institución no se encuentra autorizada legalmente para intervenir en estos casos ni se adoptaron las medidas adecuadas para garantizar la cadena de custodia
Por ello, en función de lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal, la jueza consultó a los hermanos Noble Herrera sobre su disposición a brindar nuevas muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero ellos mantuvieron la oposición que habían expresado en otras oportunidades.
“Ante tal negativa, sumado a las fuertes sospechas que pesan sobre las anteriores muestras, Arroyo Salgado entendió indispensable el registro de sus domicilios y su requisa para obtener ADN de objetos de uso personal”, explicaron en un comunicado las Abuelas.
“Ante tal negativa, sumado a las fuertes sospechas que pesan sobre las anteriores muestras, Arroyo Salgado entendió indispensable el registro de sus domicilios y su requisa para obtener ADN de objetos de uso personal”, explicaron en un comunicado las Abuelas.
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