“Plan Mérida criminaliza lucha social”

Miguel Ángel Sosa El Universal

La Iniciativa Mérida ha agudizado el conflicto armado 'no resuelto' en Chiapa, ya que la estrategia 'contrainsurgente' derivada de este plan se ha consolidado como política de Estado para intentar legitimar la acción federal y estatal ante la desconfianza de la población, dijo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Agregó que en el escenario actual se presentan distintos “esfuerzos e intentos” por vincular a las organizaciones insurgentes y civiles, así como a los defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales con células o cárteles del narco.

Así lo describió la organización en su informe: Derechos Humanos en Chiapas (marzo 2009 – marzo 2010), que será presentado hoy en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas.

En el documento, el Centro dijo que defensores de derechos humanos y activistas sociales han denunciado que la Iniciativa Mérida genera la cobertura necesaria para aumentar la criminalización de la lucha social y la defensa de los derechos, “reforzando la guerra integral de desgaste en los estados del sureste de México”.

En la entidad, explicó, las violaciones a los derechos humanos son cada vez más preocupantes y los responsables materiales e intelectuales gozan de impunidad.

Informó que el gobierno mexicano proyecta en el exterior la imagen de un país respetuoso de los derechos humanos. “Una simple cortina de humo para ocultar su política interna”.

La estrategia “contrainsurgente” comenzó a ejecutarse en los estados del norte, para ir “extendiendo” el escenario de “normalización” de la violencia a lo largo de todo el territorio nacional.

El objetivo de estas acciones, dijo el colectivo, es el “teatro de operaciones” de los estados del sur de México, zona donde, agregó, el gobierno intenta dar una “salida violenta” al conflicto armado.

Detalló que el argumento para las movilizaciones en la región es el combate al narcotráfico y a la delincuencia.

En el balance hecho por la organización se establecen líneas de análisis entre las que están la criminalización de los derechos humanos, los rostros de la contrainsurgencia en Chiapas y el ejercicio del derecho a la libre determinación

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