lunes, 31 de mayo de 2010

Uruguay: Los socios del ambiente

Estrategias diversas se siguen en el oriental departamento de Rocha para contraarrestar los daños ambientales que causan la intensa actividad agropecuaria, el monocultivo de soja, la forestación con especios exóticas y el alto crecimiento del turismo. Pero las dificultades abundan.
( mapa de la producción de soja en Uruguay)

Autoridades nacionales y locales, agricultores, pescadores, operadores turísticos y vecinos, en colaboración con organismos internacionales, intentan proteger áreas consideradas prioritarias a través del uso sustentable de los recursos en este departamento recostado sobre el océano Atlántico.

La apuesta es al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), surgido en 2000, y a la implementación de programas financiados por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF, por sus siglas en inglés.

El proyecto para el SNAP, que depende del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cuatro de las siete áreas nacionales ya protegidas de Uruguay se ubican en Rocha, Se trata del Parque Nacional Cabo Polonio, Paisaje Protegido Laguna de Rocha, Potrerillo de Santa Teresa y Cerro Verde e Islas de la Coronilla. Además, las autoridades tienen en proceso de aceptación otras cuatro zonas nacionales y han sido propuestas siete más.

El gran problema ambiental de Uruguay "es la transformación de los pastizales templados naturales, el principal ecosistema" del país, dijo a IPS Laura García, coordinadora técnica del Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de Implementación del SNAP.

Son responsables de este fenómeno la forestación con especies exóticas, principalmente pinos y eucaliptos, y el avance de la soja, aseguró.

"La soja no está para nada regulada", comentó García, para luego explicar que "las empresas (trasnacionales) vinculadas a este cultivo ofrecen desde hace cinco o seis años valores muy altos por el arriendo de tierras, ni siquiera las compran, y después dejan todo degradado", cuestionó.

Por su parte, el director del no gubernamental Programa de Protección de la Biodiversidad y Desarrollo, Gerardo Ebia, quien coordina las acciones ambientales de los distintos actores en Rocha, dijo a IPS que en este país "el cultivo de soja ha pasado de unos pocos miles de hectáreas en los años 90 a cubrir unas 600.000 hoy".

En el caso específico de la Laguna de Rocha, conectada al océano, las mayores amenazas son "la presión turística por construir en las zonas costeras, la conversión y fragmentación de ambientes por efecto de la agricultura y el uso irracional de las zonas aledañas", según Ebia.

Más de 200 especies de aves migratorias y residentes habitan en el área de la laguna de 7.200 hectáreas, entre rayadores, gaviotas, gaviotines, garzas y chorlos. Otros, como el coscoroba o ganso blanco, están en peligro de extinción.

Pero el SNAP cubre menos de uno por ciento de todo el territorio nacional. Además de la Laguna de Rocha, se destaca el Parque Nacional Cabo Polonio, donde existen dunas móviles de hasta 20 metros de altura.

La protección de estas zonas se complica si se cosidera que 90 por ciento de ellas están e manos de privados.

"El gran desafío para la conservación es involucrar al sector privado cuando paralelamente hay políticas que promueven una intensificación de los sistemas productivos", entre ellos el agroindustrial, reconoció García.

Para que estas áreas protegidas no queden en el territorio como "islas", "el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, está tratando de buscar medidas de conservación, pero asociados a la producción", indicó la coordinadora del SNAP.

Una muestra de los esfuerzos para salvaguardar los ecosistemas amenazados lo constituye un proyecto del no gubernamental Grupo Palmar, beneficiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF para recuperar la palma Butiá capitata, endémica de la región y del sur de Brasil.

"Esta palma tiene un gran problema de regeneración. Tenemos 70.000 hectáreas de butiá, pero son todas individuos adultos y el ganado de esta zona se come los rebrotes pequeños", explicó a IPS Sandra Bazzani, coordinadora nacional del Programa de Pequeñas Donaciones en Uruguay.

"Pese a que hace años hay fondos del GEF en la zona y estudios al respecto, es muy difícil convencer a los productores que hagan exclusión de ganado", criticó.

"No se ha logrado todavía un sistema que compatibilice el pastoreo y la protección de la planta", enfatizó.

El Grupo Palmar recibió 17.000 dólares del GEF en 2006 para levantar en Rocha el Centro de Interpretación, con un vivero y un pequeño parque de palma butiá.

"Con los frutos de la palma se hacen mermeladas, dulces, licor, salsas agridulces, y con la fibra de la caña se confeccionan canastitos y cestas", comentó Bazzani.

"La idea es promover que la gente vaya comprendiendo que conservándola puede servirle como un recurso económico", añadió.

El prepuesto del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF para todo el mundo será de entre 300 y 350 millones de dólares de 2010 a 2014, sumando las asignaciones directas y las de los países, detalló a IPS su gerente, Delfin Ganapin.

El asunto de los recursos fue analizado en la Cuarta Asamblea del GEF realizada formalmente entre el lunes y el miércoles en la sudoriental ciudad turística de Punta del Este.

En Uruguay se ejecutan 59 proyectos financiados por el Programa de Pequeñas Donaciones y hasta ahora se han invertido 1,2 millones de dólares, especificó Bazzani.

El fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y la adopción de prácticas más amigables con el ambiente por parte los sectores productivos son grandes desafíos en América Latina, destacó a IPS Helen Negret, asesora técnico regional para biodiversidad y ecosistemas del PNUD en América Latina y el Caribe.

Precisamente en octubre, en el marco de la 10 Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en Japón, el PNUD presentará un estudio sobre la sostenibilidad financiara de los sistemas nacionales de áreas protegidas en 20 países de la región y otro sobre el valor económico de la biodiversidad.

Daniela Estrada y Danilo Valladares -

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