martes, 15 de junio de 2010

El Banco Mundial estimula la venta de África

J. Naranjo
Guin Guin Bali

¿Qué papel juegan en la compra de tierras africanas por parte de empresas extranjeras los organismos internacionales? Pues el Instituto Oakland, un centro de investigación estadounidense, acaba de hacer público un informe que confirma las peores sospechas que albergaban muchos expertos: el Banco Mundial está favoreciendo la apropiación de tierras africanas por parte de empresas extranjeras para que éstas las dediquen al jugoso negocio de los biocombustibles.

Además del neocolonialismo que este hecho representa, una de las peores consecuencias de ello es que se compromete la seguridad alimentaria de las poblaciones que habitan cerca de estas tierras.

El informe, que analiza la reforma agraria en más treinta países africanos, asegura que estas maniobras las está llevando a cabo una sociedad filial del Banco Mundial, la Sociedad Financiera Internacional (SFI), y pone el acento en las políticas liberales impuestas por el Banco Mundial a los países africanos y la monopolización por parte de grupos extranjeros de las mejores tierras de cultivo en un momento en que está seriamente comprometida la seguridad alimentaria en lugares como el Sahel, donde la hambruna amenaza a millones de personas.

Los autores del informe, Anuradha Mittal y Daniel Shepard, aseguran que “tras la crisis alimentaria y financiera del año 2008, el Banco Mundial debería e3star jugando un papel decisivo a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de los países en desarrollo”, cuando, en realidad, “los hechos revelan que el Banco Mundial hace todo lo contrario a través de sus programas de ‘Acceso a la tierra’ y ‘El mercado de la tierra para la inversión’”.

Escribe Daniel Shepard: “Más de cincuenta millones de hectáreas de tierras cultivables de los países en vías de desarrollo están actualmente en manos de inversores privados”, sobre todo debido a la promoción de las inversiones directas en el sector agrícola promovidas por la SFI en países muy vulnerables desde el punto de vista alimentario.

En realidad, este informe viene a poner nombres y apellidos a algo que ya era conocido. Hace un año, otro informe de la FAO, dependiente de Naciones Unidas, advertía contra el riesgo de un empobrecimiento aún mayor de los países africanos a causa de la compra de tierras por parte de las empresas extranjeras. En aquel caso se hablaba de cinco países africanos, Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí y Sudán, en los que 2,5 millones de hectáreas habían sido objeto de transacción, concesión o venta en los últimos años.

El Instituto Oakland tiene muy bien identificado el problema, según informa Ouestaf. Estas transacciones, que están en el origen de la pérdida de control sobre sus tierras de los pequeños propietarios agrícolas africanos, son posibles gracias a las prácticas de la SFI, que impulsa a los Estados africanos a modificar su legislación en materia de inversión extranjera para facilitar la compra por parte de grupos empresariales privados del Primer Mundo.

Hay países de África occidental donde estas prácticas han sido evidentes. Por ejemplo, Sierra Leona o Liberia, donde, según el informe del Instituto Oakland, nada menos que 21 reformas legales han sido promovidas en este sentido en el tiempo récord de cuatro meses. Otro ejemplo sería Malí, donde un programa de reformas del mundo empresarial pretendía favorecer la inversión privada en el sector del agro-negocio, el turismo y las minas. Igualmente, se citan los casos de otros países como Guinea Bissau y Benín donde la intervención del Banco Mundial y su filial, la SFI, ha tenido consecuencias “nefastas” sobre la propiedad y el control de las tierras.

Sin embargo, el problema no es sólo quién pierde los campos, sino a quiénes van a parar. El Instituto Oakland revela que muchos de los grupos que se quedan con las tierras están participados por el propio Banco Mundial a través de su filial. “La SFI aconseja a los gobiernos, pero también es en sí misma inversor privado”, aseguran los autores del informe.

La SFI se escuda en la generación de empleo y en el crecimiento económico que pueden suponer las inversiones privadas y que sus reformas pretenden facilitarlas, ya vengan de empresas locales o extranjeras.

En Malí, más de 160.000 hectáreas han sido cedidas a un grupo privado para desarrollar el cultivo de la Jatropha, una planta utilizadas en la producción de biocarburantes. En Sierra Leona, una multinacional suiza va a producir 100.000 metros cúbicos de bioetanol a partir de la caña de azúcar local.

Precisamente la competencia entre plantas para producir biocarburantes y plantas para el consumo alimentario es uno de los grandes argumentos de quienes se oponen a estos traspasos de propiedad.

Uno de los casos más graves se vive en Etiopía, “un país en el que más de 13 millones de personas pasan hambre y donde el Gobierno ha puesto más de 3 millones de hectáreas de tierra cultivable en manos de grupos extranjeros que se llevan su producción a sus propios países”, asegura el informe. En la RDC, el Gobierno permitió la cesión de más de 10 millones de hectáreas de terrenos agrícolas a grupos foráneos.

En el prólogo del informe del Instituto Oakland, el empresario y filántropo Howard G. Buffet lo deja bien claro: “África tiene necesidades de inversión en la agricultura, pero no de políticos que permiten a los inversores extranjeros cultivar y llevarse la producción a sus propios pueblos en detrimento de las poblaciones locales (…) Estos políticos están haciendo daño a África, agravando los conflictos por el agua y la tierra (…) África no puede ser una mercancía con la etiqueta de ‘abierto para todos”.

CUBA DEBATE

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