Minería: rompecabezas a rearmar

Por Santiago Pedraglio – Bajo la Lupa
El impuesto a las sobreganancias que impondrá el gobierno de Ollanta Humala no es, como se quiere hace creer, el principal escollo para la minería. Este impuesto es y será aceptado por la mediana y gran minería; como máximo se discutirá si se aplica sobre las utilidades netas, el valor de la producción u otro factor.

El problema, para quien quiera ver las cosas como son, es que se están creando las condiciones sociales y políticas para que, en un conjunto de regiones, la minería –sobre todo la grande– termine por ser inviable, como producto del rechazo de amplios sectores de la población. El sentido común debería inducir a preguntarse con seriedad –y sin racismo– por qué amplios sectores de la población de Arequipa, Moquegua, Puno y Piura adoptan una posición que se quiere caricaturizar como “antiminera”, escondiendo los problemas reales.
El gobierno de Alejandro Toledo y, en especial, el de Alan García son los principales causantes de este desmadre. Se han negado de manera sistemática a hacer que el Estado cumpla simultáneamente con su papel de promotor de la inversión, de regulador de la relación entre capital, trabajo, ciudadanos y medio ambiente, y de defensor de los derechos de las personas, incluido el de discrepar y exigir más concesiones o participación en los beneficios de la utilidad minera.

El inversionista privado no puede sustituir al Estado ni podrá hacerlo. Es lógico –es la lógica del mercado– que la tendencia de la inversión sea maximizar sus utilidades, más aún cuando se le da luz verde para ello. Este esquema está fracasando en el Perú. No se pretende que este país deje de ser un país minero, pero urge modificar los términos (para que todos ganen bien) de la relación entre el Estado, la inversión privada y los ciudadanos, en especial del entorno o de la región donde se produce la explotación.
La producción minera peruana debe tener valor agregado y superar la producción de enclave. Es necesario evitar las concesiones-sorpresa. Asimismo, respetar el derecho a la consulta, el cuidado del agua (en la costa, su falta está anunciada ) y la preservación del medio ambiente. Se debe pensar no solo en el canon, sino incluso en una participación de las comunidades en las utilidades.
No hay que olvidar que la minería trabaja con recursos que se agotarán, por más que se diga que en el Perú de hoy no se explota sino el 10% del potencial minero.
El próximo gobierno tiene el desafío de hacer que el Perú siga siendo un país minero pero que, respetando y promoviendo la inversión privada, se modifique de una manera más equitativa la relación entre el Estado regulador y garantizador de derechos, la inversión privada y los ciudadanos.
Fuente:Antiprensa.pe