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2. Los organismos de derechos humanos que exigimos un análisis que vaya más allá de las conveniencias políticas, no promovemos la impunidad ni protegemos la delincuencia, sino que exigimos que todas las reformas normativas, políticas y acciones institucionales del Estado se enmarquen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, y, sobre todo, un irrestricto apego a la garantía del debido proceso.
3. Condenamos todas las expresiones del delito, en especial aquel que viene articulándose con bandas del crimen organizado; pero demandamos que los procesos de investigación, sanción y reparación integral a las víctimas, que se impulsan para enfrentarlos estén ceñidos a los marcos legales nacionales e internacionales de garantías penales y del debido proceso, como base efectiva de su legitimidad y eficacia. La efectividad de las sanciones debe basarse en un proceso en el cual, durante la investigación, detención y juzgamiento, se respeten las normas de derechos humanos. Es la existencia de cualquier acción viciada, enmarcada en excesos o violaciones de derechos humanos, la que apunta a promover la impunidad.
4. Demandamos que las acciones que se promueven para el combate a la delincuencia eviten enmarcarse en políticas de pre-identificación de grupos de autores, por las cuales se promueve la estigmatización de personas o grupos específicos (indígenas, afros, extranjeros, personas de distinta opción sexual o que habitan en barrios urbanos marginales, etc.), la mayoría de ellos generalmente pobres. Esta visión es contraria al principio básico y rector de derechos humanos que es el respeto a la dignidad y la no discriminación de las personas. Los delitos son actos y lo que se debe investigar, sancionar y juzgar son estos actos y no vincularlas a las condiciones sociales o étnicas de las personas.
5. Concebimos la seguridad ciudadana como un derecho fundamental individual, colectivo y de los pueblos, el cual no puede fundarse solamente en medidas de corte penal criminal, sino con políticas integrales que busquen enfrentar las causas profundas de la inseguridad y que demandan un tratamiento interdisciplinario: ético, cultural, educativo, social, económico y político.
6. Alertamos sobre las experiencias nefastas que ha tenido para el país, y en general para muchos países de la región, la activación de mecanismos de represión y control sustentados en la militarización de las sociedades, reformas normativas que apuntan a la restricción de derechos, el aumento de las penas o la reclusión indiscriminada de las personas. El Ecuador ha palpado las consecuencias de estas acciones, en épocas como la de León Febres Cordero, en donde se registró el índice más alto de violaciones a derechos humanos y en donde, pese a ello, no se llegó a solucionar el problema de la inseguridad. Las medidas adoptadas bajo ese régimen, paradójicamente, son similares a las que se han adoptado ahora y a las que se desean adoptar en un futuro inmediato, todo esto bajo un régimen que se autoproclama socialista.
7. Hacemos un urgente llamado a la comunidad para que asuma una actitud crítica frente a la forma en que el gobierno, los políticos de oposición y medios de comunicación, tratan el tema de la seguridad. Se está promoviendo una visión limitada, que sólo apunta a los efectos, y no profundiza en las causas que originan esta inseguridad. Si bien es cierto que los niveles de inseguridad han crecido en el país, ello no debe constituirse en una causa para promover reacciones de venganza social. Se debe tener en cuenta que bajo un régimen autoritario que se centra sólo en la represión, todos y todas estamos en riesgo, como el riesgo a ser detenidos y torturados sin causa (Caso Restrepo), ser juzgados injustamente (Caso Putumayo), o a ser desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente (Caso Fybeca). La memoria es un derecho y nos reta a no repetir los errores del pasado.
8. Recordamos que el Estado ecuatoriano se define como un “Estado constitucional de justicia y derechos”, lo cual demanda tener como eje principal de su accionar los derechos de todas las personas, colectividades y pueblos, los cuales están por sobre los intereses del Estado, y más aún, sobre interés y popularidad de los partidos políticos y grupos de poder. En ese sentido, la construcción de la seguridad humana de todos y todas debe apuntar a la consecución de un efectivo régimen de desarrollo económico, político, cultural y social, que permita consolidar el régimen del buen vivir, es decir, un régimen basado en el goce, sin discriminación, alguna de todos los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos y en armonía con los derechos de la naturaleza.
9. Recalcamos que cualquier política que se adopte debe respetar el principio de progresividad y no regresividad, lo cual demanda la generación de propuestas que no retomen el pasado, sino que, a partir de un reconocimiento efectivo de los límites existentes, promueva, bajo la visión garantista que nos rige, mecanismos eficaces para alcanzar la seguridad.
10. Demandamos que cualquier acción o política que se adopte se enmarque en el régimen democrático vigente, la cual exige un respeto profundo a las funciones que la Constitución ha determinado para todas las instancias del Estado, la configuración de una sociedad plural, diversa, no autoritaria, sino profundamente abierta al diálogo, debate y consenso. La democracia no se construye sobre la base del temor, la represión y las armas. En ese sentido condenamos cualquier forma de expresión o mecanismo por el cual se quiera establecer, como base de gobierno, la fuerza, la militarización y la represión.
Quito, 4 de enero de 2011.
Luis Ángel Saavedra Anaité Vargas
Director INREDH Directora APDH
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