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| Desplazados por violencia militar |
En 1997 fue constituida una asociación de 52 familias campesinas desplazadas que adquirieron la finca La Alemania, de 558 hectáreas, en San Onofre, Sucre, mediante negociación directa en virtud de lo dispuesto por la Ley 160 de 1994. Al año de estar allí, las familias de la empresa asociativa fueron amenazadas por parte de los paramilitares. Las amenazas fueron seguidas del asesinato de Nilson Herrera, líder de las familias, por orden de alias Cadena.
En el año 2000 fueron asesinados otros cuatro líderes. Y en el año 2001, Cadena ingresó a la finca La Alemania con sus hombres y estableció su morada en la casa de uno de los socios. Las familias se desplazaron y los paramilitares tomaron a la finca como uno de los centros de operaciones.
Durante una década los campesinos desplazados intentaron retornar a su tierra, pero por la presencia de los grupos paramilitares no pudieron hacerlo. A las dificultades generadas por el despojo se sumó la deuda que habían contraído los campesinos con el Banco Agrario por concepto de compra del predio, cuyo capital e intereses se venían acrecentando.
En 2007, el Banco Agrario vendió la deuda a la empresa privada de cobranza CISA, la cual a su vez la vendió a COVINOC. Durante 2008 varias familias intentaron retornar, pero los paramilitares asesinaron a su líder Rogelio Martínez en mayo de 2010. Aún no han podido regresar a su finca (La Tierra en Disputa, 2010).
Este es sólo un caso entre literalmente miles de despojo de tierra de los campesinos colombianos, que han ocurrido, y con seguridad siguen ocurriendo, en el país en las últimas tres décadas. La magnitud de esta contrarreforma agraria —realizada a sangre y fuego, para usar una colombianísima expresión— es enorme. De acuerdo con los mejores cálculos realizados por expertos, sería de por lo menos seis millones y medio de hectáreas (2011). No hablemos ya de los millones de desplazados, y de las decenas de miles de muertos, que costó esta operación.
El diseño
Es contra ese trasfondo que el capítulo tierras de la Ley de Víctimas cobra toda su importancia. Como se recordará, los temas de víctimas y tierras iban por caminos legislativos separados, pero terminaron unificados en una sola propuesta a iniciativa gubernamental.
¿Qué plantea sobre tierras la Ley de Víctimas? Primero, restitución. Segundo y fundamental, inversión de la carga de la prueba. Esto quiere decir que la víctima sólo tiene que demostrar que lo es para iniciar el trámite de restitución. Este es un diseño fundamental para impedir que ella se neutralice a través de ardides jurídicos de los poderosos.
Tercero, una serie de diseños orientados a simplificar y agilizar el trámite. Aspecto fundamental, pues una de las razones claves del fracaso de esfuerzos de transformación agraria emprendidos en el país en el pasado fue la morosidad jurídica. Esto le permitía a los terratenientes bloquear por años, a veces por décadas, cualquier iniciativa estatal. Ahora, la decisión de restitución estará a cargo de magistrados especializados en tierras, y tendrá sólo un recurso frente a la Corte Suprema (además, con tiempos cortos y bien delimitados). Cuarto, se crea un aparato administrativo ágil y bien diseñado para seguir el proceso (en contra de la brutal desinstitucionalización del sector agrario que se vivió en administraciones pasadas).
La importancia
La Ley de Víctimas tiene, desde este punto de vista, un enorme potencial transformador, al menos por tres razones. Primero, porque es un primer paso para la reconstrucción de tejido social y de nociones públicas de justicia, una y otra destruidas sistemáticamente por una violencia agraria de la magnitud que hemos vivido. Segundo, porque es un paso hacia la reconstrucción del Estado colombiano, capturado en muchas regiones por élites criminalizadas y grupos armados ilegales. Tercero, porque es una contribución fundamental hacia el desarrollo.
Este último punto es el más controversial de los tres, y durante mucho tiempo diversos estudiosos y comentaristas llegaron a la más bien sorprendente conclusión de que la reforma agraria había pasado de moda. Sin embargo, con el tiempo la tendencia se ha invertido, e incluso agencias multilaterales como el Banco Mundial han redescubierto el indiscreto encanto de la equidad rural (ver informe de 2009).
Grandes estructuras terratenientes, ineficientes y orientadas no hacia las ganancias vía competencia sino hacia la ganancias vía conexiones políticas, constituyen un peso muerto para el desarrollo. Michael Lipton concluye: “La supuesta muerte de la reforma agraria” puede ser prematura y “una reforma sustancial de la tierra sigue siendo en el futuro probable y deseable”. Hay un creciente consenso, dice el Banco, de que, ahí donde la inequidad sea extrema, hay que redistribuir por justicia, por equidad y por eficiencia.
Si queremos mantener alguna mínima esperanza de que el país sea viable —en términos de Estado, justicia y desarrollo—, es indispensable no permitir que la Ley de Víctimas encalle. Es una apuesta que afecta no sólo al campesino desplazado, o a la viuda del labriego asesinado (aunque ya eso sería justificación suficiente). Es asunto de todos.
Límites y problemas
Por supuesto, la Ley es limitada. Incluso de tener éxito sólo nos devolvería a un statu quo muy insatisfactorio. Además, no es tan claro que el Estado tenga la capacidad para responder a las demandas que exige su implementación. Aquí hay cinco preguntas básicas. ¿Será capaz de proveer seguridad a los líderes campesinos que interactuarán con el proceso? ¿Podrá recoger y procesar la información necesaria para desarrollarlo de manera clara y consistente?
¿Podrá financiarlo? ¿Podrá superar, o evitar, la infiltración y la oposición por parte de élites violentas y criminalizadas y grupos armados ilegales?
¿Podrá acompañar los esfuerzos productivos de la pequeña propiedad campesina?
Responder a esas inquietudes no es fácil. Hay vacíos significativos, por ejemplo en términos de manejo y sistematización de información, un tema lleno de intrincados problemas técnicos. En algún momento habrá que pensar en serio el tema de los impuestos, y en particular del predial.
La fijación de una fecha de inicio para la restitución ha generado más debates que otros aspectos por mucho más fundamentales, pero aquí hay que reconocer que toda fecha propuesta será controversial. El tema subraya tanto la incomprensión de muchos sectores de la trascendencia de esta ley, como los límites de un esfuerzo destinado sólo a restituir en un país que históricamente ha tenido problemas para estabilizar los derechos de propiedad rural.
Imperfecta, incompleta, pero necesaria y trascendental, la Ley de Víctimas en su capítulo tierras nos involucra a todos. Y necesita de un apoyo amplio, de largo aliento.
Bibliografía
La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 1960-2010. Grupo de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá. Colombia. 2010
Hans P. Binswanger-Mkhize, Camille Bourguignon, and Rogier van den Brink. Editores. The Growing Consensus on the Importance of Land Redistribution en: Agricultural land redistribution. Toward Greater Consensus. The World Bank. 2009.
Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Informe elaborado por el equipo nacional de verificación. Luis Jorge Garay (director). Bogotá. Enero 5 de 2011.
Frases para tener en cuenta
‘‘Grandes estructuras terratenientes, ineficientes y orientadas no hacia las ganancias vía competencia sino hacia las ganancias vía conexiones políticas, constituyen un peso muerto para el desarrollo”.
‘‘Si queremos mantener alguna mínima esperanzade que el país sea viable —en términos de Estado, justicia y desarrollo—, es indispensable no permitir que la Ley de Víctimas encalle”.
››Diversos estudiosos y comentaristas llegaron a la más bien sorprendente conclusión de que la reforma agraria había pasado de moda. Sin embargo, con el tiempo la tendencia se ha invertido”.
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