miércoles, 8 de junio de 2011

Las vaquitas(y la soja) son ajenas. Por una politica que ataque al corazón del eje extractivista del modelo neodesarrollista.

'...y ajeno lo que nos dé, a desalambrar, a desalambrar..'
Mariano Feliz - Matías García
El Gobierno, si bien ha reconocido en términos discursivos los múltiples problemas que acarrea el monocultivo, en el campo de las políticas concretas poco y nada ha hecho. Por lo demás, continúa promoviendo los agronegocios e ignorando (y avalando en los hechos) la expulsión de los campesinos y productores más pobres y permitiendo que los pools de siembra, las transnacionales de la alimentación y las agroexportadoras sigan regulando la producción agropecuaria
Mayor regulación
Vivimos en un país de 40 millones de habitantes que es capaz de producir alimentos para una población siete veces superior. Sin embargo, en Argentina hay no menos de 4 millones de hambrientos. Vivimos en una tierra en la que históricamente los inmigrantes venían a producir. Sin embargo, cada vez menos gente vive en el campo, cada vez más propietarios de la tierra se convierten en arrendadores-rentistas, siendo los campesinos y pequeños productores expulsados por las grandes empresas capitalistas. Habitamos un territorio donde el pueblo históricamente ha trabajado para alimentarse y, sin embargo, hoy pierde día a día el control de su producción a manos de las transnacionales de la alimentación y los agronegocios. Multinacionales que hacen hasta dudar de la definición de productor, cuando éstas le venden las semillas y los insumos, le imponen el cultivo y la tecnología con qué producir y finalmente le compran la producción y la exportan del país, junto a sus extraordinarias ganancias: ¿productores o empleados de las multis?

En este país, 8 años de proyecto neodesarrollista sólo han permitido acumular a la cúpula del sector vinculado con la producción agropecuaria no menos de 75 mil millones de dólares en rentas extraordinarias y al Estado nacional alrededor de 55 mil millones de pesos en retenciones a las exportaciones, cuyo uso y destino no se condicen con los actuales indicadores socioeconómicos del país.
Habitamos un país con 33 millones de hectáreas de tierras fértiles para realizar cultivos extensivos, industriales, pasturas y frutihorticultura. Sin embargo, en menos de dos décadas la producción de soja transgénica ha desplazado violentamente la producción de alimentos. En la actualidad la soja ocupa el 50 por ciento de la superficie sembrada del país y es responsable de la mitad del volumen de granos cosechados. Así, cada hectárea adicional que se destina a la producción de soja se traduce en miles de nuevos pobres como consecuencia del aumento en el precio de los alimentos.
El Gobierno, si bien ha reconocido en términos discursivos los múltiples problemas que acarrea el monocultivo, en el campo de las políticas concretas poco y nada ha hecho. Por lo demás, continúa promoviendo los agronegocios e ignorando (y avalando en los hechos) la expulsión de los campesinos y productores más pobres y permitiendo que los pools de siembra, las transnacionales de la alimentación y las agroexportadoras sigan regulando la producción agropecuaria.
El Estado continúa sosteniendo una retórica y una práctica que no se condice con la necesidad de avanzar en una política de reforma agraria integral que conduzca a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria sostenible.
Primero, habría que eliminar la intermediación de las grandes multinacionales en la comercialización internacional de la producción agropecuaria. Las retenciones a las exportaciones son necesarias pero insuficientes como mecanismo de regulación, como lo demuestra su incapacidad de frenar el proceso de sojización. La constitución de un ente público que incorpore a los pequeños productores y campesinos, a los trabajadores y consumidores, permitiría articular una política de promoción del desarrollo rural integral que garantice a la vez la sustentabilidad de las comunidades rurales y la producción suficiente, agroecológicamente sustentable y variada de alimentos accesibles para el conjunto de la población. En Argentina el hambre no es resultado de una insuficiente capacidad productiva o disponibilidad de alimentos sino consecuencia de que su acceso es restringido.
Segundo, es necesario avanzar en un programa de reforma de la propiedad de la tierra que permita a los actuales pequeños productores permanecer en sus territorios, mejorando sus niveles de ingreso modificando la distribución del ingreso a lo largo de la cadena agropecuaria, con tecnologías adecuadas para una producción sustentable en sus tierras. La tecnología actual producida y dominada por las grandes corporaciones está adaptada al saqueo de las riquezas del suelo y su apropiación capitalista en gran escala, sin considerar las necesidades de las poblaciones rurales (y urbanas) y los sujetos de la producción (productores y trabajadores).
Tercero, es necesaria una política de desarrollo de una nueva forma de urbanidad en el territorio rural. Esta política debe fortalecer la creación de las condiciones para la vida digna en el espacio rural, promoviendo la desconcentración de las áreas densamente pobladas del país.
Una política orientada en este sentido –que ataque el corazón del eje extractivista del proyecto neodesarrollista– permitirá un desarrollo urbano-rural más equilibrado que garantice simultáneamente la sustentabilidad ambiental y económica de la vida rural junto a la soberanía alimentaria para el conjunto del pueblo trabajador argentino.
* Investigador Conicet, Docente UNLP.
** Becario Conicet, docente UNLP. Miembros del Equipo de Economía Política y Equipo de Estudios Rurales del Centro de Estudios para el Cambio Social.
Fuente: Dario Vive

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