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Para Antonio Elías, de la Red de Economistas de Izquierda y aliado a la lista 1001 en las últimas elecciones nacionales, "cualquier programa económico de izquierda debe partir de reconocer que el funcionamiento del capitalismo genera una creciente concentración de la riqueza, (...) lo que connduce a incrementar la explotación de los hombres, la depradación del planeta, y a dejar abandonados a su suerte a cada vez mayores sectores de población no favorecidos por el sistema". Sostuvo que en política económica hay "tres imperativos éticos fundamentales": en primer lugar "poner término a la explotación de los trabajadores, la segmentación social, la exclusión y la margindiad", aumentando salarios, mejorando condiciones de trabajo y cumpliendo la ley de negociación colectiva. También contribuiría "una política tributaria en favor del trabajo y no del capital, y una política de gasto público que priorice los sectores más carenciados". En segundo término, "recuperar la soberanía nacional sobre los recusos económicos" para no quedar en "manos de las empresas transnacionales y los centros del poder capitalista". Por último, se debe "debe democratizar al máximo todos los procesos de toma de decisiones económicas" para evitar que "un pequeño cojunto de 'iluminados' resuelvan sobre nuestra vida y el futuro de nuestros hijos." Para ello se debe "dejar de ver la economía como un algoritmo técnico y comenzar a verla a través de los objetivos sociales que persigue", valoró.
En materia de inversiones, contrariamente a "lo que era discurso de otrora en la izquierda, el gobierno otorga ventajas al capital extranjero "que fomentan esa extranjerización". Criticó con especial énfasis el régimen de zonas francas y la ley de inversiones porque permiten "exportar bienes con mínimo valor agregado nacional".
"Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas", opinó. El objetivo oficial de control macroeconómico, de "equilibrio fiscal y de cierto nivel de superávit fiscal primario, exigencia de los acreedores y sus representantes", provocó "una restricción presupuestal muy dura que impidió atender en tiempo y forma las demandas sociales", y "no permitió implementar políticas de desarrollo productivo que se constituyeran en un cambio estructural de largo plazo".
Para Elías, durante el gobierno de Tabaré Vázquez había "un línea de mando" y un "estilo de conducción que presentaba menos flancos", y con Mujica "se esperaba otra política económica". "No podemos olvidar que en las elecciones internas del Frente Amplio (FA), Mujica era la alternativa a las políticas de (Danilo) Astori. Sin embargo, la política económica continuó y se profundiza el modelo de Astori, con la ley de asociación público-privada y la minera Aratirí", lamentó.
El fin común
Varios sectores del FA hicieron sentir sus discrepancias sobre la política económica, pero no en torno al objetivo común, sobre el que hay acuerdo, dijo a la diaria el economista Juan Manuel Rodríguez, miembro de la Vertiente Artiguista y director del Instituto de Empleo y Formación Profesional. "En los conceptos generales no hay diferencias, sino en la implementación", aseguró, detallando que el objetivo de "ir hacia una estructura productiva de calidad, de generación de valor agregado, y a una mejora en la distribución del ingreso" genera consensos en todo el espectro oficialista. Acerca del debate sobre aumento de tributación a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, Rodríguez comentó que en su sector hubo acuerdo en que "los grandes propietarios de tierra tenían posibilidad de hacer un aporte mayor, porque es un sector al que le fue muy bien", al tiempo que "se debe estimular la desconcentración de la tierra". Pero la forma de concretarlo "tiene variantes".
En cuanto al rol del Estado, evaluó la necesidad de analizar "qué se entiende por intervención estatal". "Si se entiende como propiedad estatal de las empresas puede ser válido en algún caso concreto, pero no tiene porque ser una regla general", apuntó. El Estado debe "promover la inversión, el desarrollo privado, e incluso las asociaciones público privadas (APP)". Entiende que la inversión privada es muy importante, como también la del sector público, y que las discrepancias en torno a ésto dependen de los sectores. "Nadie en el FA está contra la inversión privada ni contra promoverla, ni tampoco contra la inversión pública: hay quienes dan un mayor rol a una y otros a otra, pero el tema central son las posibilidades de desarrollar al país", puntualizó.
Sobre el régimen de zonas francas como estímulo a la inversión, dijo que "es una herramienta que se utiliza en muchos países" y que es "muy tenida en cuenta por las empresas cuando se radican en un lugar". "Cuando (una empresa) tiene muchas opciones, si no le das condiciones ventajosas respecto a otros país, no viene". Entonces "las zonas francas deben ser funcionales" a la política de captar inversiones, pero "no es un régimen que el Estado deba promover sino que se debe estudiar cada solicitud en particular".
Situación muy distinta se aprecia cuando se trata de grandes empresas que dependen de recursos naturales, como Aratirí, donde su fuente está en el suelo, casos en que puede esperarse que "vengan igual" aunque no se les otorgue una zona franca. Sobre el caso de Aratirí, "es un tema donde la negociación con el gobierno recién está empezando". En torno al objetivo distributivo, "no se limita al ámbito fiscal" sino que abarca "temas más estructurales", como la integración plena de la sociedad, meta que demanda mejoras en el sistema educativo, políticas de empleo y formación, de vivienda y salud, entre otras.
La diaria intentó comunicarse durante la víspera con varios economistas vinculados al Espacio 609, desde donde se han deslizado cuestionamientos al rumbo económico, pero las llamdas no fueron atendidas.
Ricardo Delgado
La Diaria
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