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La “lógica de los hechos” que inspiró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha institucionalizado una “lógica de lo hecho” en este tiempo, por la que todos nos transformamos en impunes. El no-castigo no ampara solamente a quienes violaron los derechos humanos, sino que se extiende a la corrupción en lo económico, a la mentira en lo político y al individualismo en lo social.
La salida de la dictadura se construyó en una "logica de transición" por la cual se advertía que los partidos políticos recuperaban el poder en forma limitada, porque los militares no querían revisionismo. El cambio en paz, en realidad no cambiaba nada. Los mismos grupos económicos mantenían el poder en un país que volvían a gobernar los políticos en lugar de los militares.
Con el mastín encadenado, el poder amenazaba sobre el peligro de que la fiera volviera a despertar. Bajo esa "logica del cancerbero” impusieron controles sindicales, destruyeron entes públicos, privatizaron la enseñanza universitaria, crearon nuevos impuestos, permitieron la extranjerización de la tierra e incrementaron la marginalidad, que en poco tiempo pasaría a ser criminalizada.
La impunidad se hizo tangible con el voto amarillo y la ley que ratificaba. La propuesta del voto verde se atacó con la "lógica de los ojos en la nuca". Quien preguntaba qué pasó o reclamaba dónde están, estaba anclado en el pasado y no quería un futuro para el país. Vivos los llevaron y no los devolverían. Los restos serían algún día sustento de otra lógica aún más siniestra…
Impunidad económica
Institucionalizada, la impunidad se hizo sonrisa en el rostro de Gavazzo. Y como para él no hubo entonces castigo, la inmoralidad fue casi una virtud. La “lógica de quien no llora no mama y quien no afana es un gil”, fue una consigna. El poderoso pudo desde el poder y el desposeído solo podía pedir para poder poder. La impunidad no perdió ni un conflicto.
Bajo la “lógica del abusador” (“lo hago porque puedo”) el sistema financiero se desfinanció, las carteras fueron incobrables, los bonos los firmó Brady, la deuda bancaria se estatizó y los activos se devolvieron luego a los mismos dueños con otros anonimatos. No quedaron trenes, ni aviones, ni flotas, ni tierras, ni industrias, ni empresas... No sólo las vaquitas son hoy ajenas.
Y cuando se quiso saber qué pasó en cada caso, se utilizó la “lógica de Gran Bonete”. Ninguno sabía de la Operación Conserva o la Deuda Rusa, del archivo de la Logia “P-2”, los negocios del Opus Dai, las inversiones de la Secta Moon, el lavado de las Safis, la crisis de Bafisud, la comisión del Banco Comercial, la coima del Cangrejo Rojo o la mafia de la Merluza Negra.
Las reivindicaciones fueron enfrentadas con la “lógica del reparto posible”. Una vez más, había que agrandar la torta para poder redistribuirla. Y la cuota más grande del pastel debía destinarse a pagar deudas que la dictadura había creado en beneficio de los mismos grupos económicos que ahora financiaban las campañas electorales de los nuevos gobernantes demócratas.
El reclamo social fue descalificado con la “lógica de la politización social”, por la que, las movilizaciones populares escondían un objetivo político y una lucha de poder entre corrientes ideológicas de la izquierda marxista. Los activistas no pertenecían a un gremio, sino a un partido. Los sindicatos cayeron en la trampa, pero la aplanadora no aplastó el salario, ni mandó al seguro de paro.
Impunidad represiva
Con la impunidad reafirmada en la “lógica de He-man” (“tengo el poder”), el Estado transformó la tortura en apremio, las razzias en acciones educadoras, las cárceles en depósitos inhumanos, las aulas en depósitos de estudiantes, los psiquiátricos en canteras de enajenados y las comisarías en antros de delincuencia. La marginalidad se hizo sistema y los marginales una excusa.
Se impuso la “lógica de la inseguridad” por la que se llega al miedo. Así, quienes pagan contribución o impuesto a la renta, exigen mayor represión a una policía que pide más presupuesto para hacerlo. Para no ser privados de lo propio, debemos pedir seguridad privada, instalar alarma, rejas, cámaras y cables electrificados. Somos libres en una jaula de nuestra propiedad privada.
La “lógica del joven-plancha-drogadicto-delincuente” entró a la casa de la clase media en dosis diarias de 20 minutos de crónica roja por la televisión. La pasta base entró a los barrios en connivencia con la policía. Las bocas de venta, con el auspicio de Nike colgando de los cables, son empresas que bajan los índices de desocupación. Sólo se controló la droga en tránsito y el lavado de dinero.
La minoridad fue criminalizada. Una y otra vez se propone la “lógica de la imputabilidad” para que los adolescentes de hasta 16 años sean juzgados como mayores. Los crímenes, en el futuro, los protagonizarían niños de 10 a 15 años… Mientras tanto, los estafadores de cuello y corbata reclaman por sus derechos humanos ante los organismos internacionales, que le dan la razón.
A la hora de la represión, el Estado no tiene derecha o izquierda. No importa de qué ideología es la bandera de quien gobierna. Cuando llega el momento de mostrar la presencia estatal, da lo mismo la vieja razzia, la desidia ante la zona liberada o el operativo de saturación. La “lógica represiva” no tiene color político, sólo el de la sangre de unas y otras víctimas.
Impunidad social
La salud se extendió a todo lo que paga impuestos y pueden elegir una mutualista privada, donde pagar las órdenes de consulta y los tickets para medicamentos genéricos de los laboratorios internacionales que licitaron la exclusividad del servicio. La “lógica de la salud para todos” no llega a los barrios marginalizados, donde no entran ni los médicos ni las ambulancias.
En la enseñanza se implantó una “lógica de educación igualitaria”. Con ella iguala hacia abajo: antes era alto el índice de insuficiencia en matemáticas, hoy ya lo es en todas las materias. En la educación pública gana el ausentismo y la deserción desde la marginalidad. Todos los niños tienen una ceibalita, pero el problema sigue siendo el de los contenidos. El vacío ya lo tienen en la esquina.
Los trabajadores aprendieron con la “lógica de la responsabilidad laborar”. Saben de normas, leyes, reglamentos, indexación, dolarización, devaluación, seguros de paro, despidos y juicios laborales. Trabajo no falta, pero se necesita tener dos o tres empleos para alcanzar un salario digno. El techo propio sigue siendo un sueño que una burbuja inmobiliaria puede transformar en pesadilla.
La seguridad social es una incertidumbre. La “lógica de la rentabilidad” impuso la cuenta personal y mató al sistema solidario. El Estado sigue pagando pasividades a través del Banco de Previsión Social y las Afaps juegan a invertir en bonos del propio Estado y en otros negocios lo que recaudan de futuras jubilaciones. No se sabe qué quedará cuando tengan que devolver el ahorro.
La gente ya no es por lo que tiene, sino por su intensidad de compra. La “lógica del consumismo” marca la capacidad de gasto y la posibilidad de crédito. Quien no usa tarjeta es sospechoso y quien se endeuda es confiable. Los ricos son más ricos aunque los pobres sean menos pobres. Los más ricos se frustran por su sueño de consumo, los más pobres siguen con su mismo sueño frustrado.
Impunidad histórica
Sucesivamente, los presidentes electos en tiempos de impunidad cayeron en la “lógica del punto final”. Afirman (sinceramente lo creen, a veces), que deben terminar con un tema del pasado… No saben de gramática ni de historia. Se colocan dos puntos antes de una certeza y suspensivos ante la duda. La verdad se escribe cada día. La historia es continuidad. No hay punto final.
Al explicar su buena intención (a veces), los gobernantes reproducen la “lógica de los dos demonios”. Hubo gente mala –o equivocada dicen- cuyas acciones generaron la respuesta de gente aún peor. Equilibran así la insurgencia de los años sesenta con la represión de la dictadura. Incorporan la crisis social a la bipolaridad de la guerra fría. Justifican, en definitiva, el terrorismo de Estado.
Para alentar los demonios, admiten entonces la “lógica antisubversiva” por la cual toda oposición a la dictadura sabía que era pasible de sanción. Como la guerrilla había sido militarmente derrotada, el enemigo eran los partidos que actuaban en forma legal: comunistas, socialistas, cristianos, anarquistas, nacionalistas, batllistas o todo trabajador o estudiante que pensara diferente.
Para demostrar la contradicción entre el capitalismo y el comunismo, todo opositor al proyecto político económico dictatorial fue, además, comunista. Se justifica entonces la militar “lógica anticomunista”, por la que todo opositor fue “ruso, prosoviético, stalinista, chino, maoista, troskista, socialista, procubano, fidelista, anarcolibertario, guevarista, guerrillero, del marxismo internacional”.
Y como el oso ruso, el panda chino y el caimán cubano les habían lavado el cerebro, lo lógico era que los militares hicieran electroshock. Se convalida la “lógica de la tortura” como método de obtener información que permitiera prevenir algo, controlar alguien o destruir alguno. Como en Abu Ghraib, Falluya .o Guantánamo, el Estado se reserva, al no condenarlo, el derecho al apremio.
Impunidad bélica
Algunas víctimas, ha reproducido de algún modo un pensamiento espejo: el de la “lógica del demonio bueno”. La idea sustenta que si los militares eran demonios malos, sus víctimas fueron demonios buenos. De ese modo, el guerrillero, el torturado, el exilado, el encarcelado, tienen mayores méritos políticos que quienes nada sufrió y son ellos quienes deben dirigir el país.
A partir de ese supuesto, se agrega la “lógica de los combatientes” por la que sólo quienes estuvieron militarmente enfrentados antes del golpe del Estado pueden solucionar el conflicto. Las demás víctimas, la sociedad en su conjunto que en realidad padeció la dictadura, no entienden el idioma de la guerra por el que todo se solucionará cuando muera el último de los sobrevivientes.
Y cuando se argumenta que luego del golpe de Estado no hubo combatientes sino resistencia a la dictadura por parte de militantes que no apoyaron la lucha armada, que pertenecían a partidos legales, sindicatos, gremios estudiantiles, o eran simples demócratas… se responde con la “lógica del perro puto”, por la que, dicen, todos los que enfrentaron el régimen sabían a qué jugaban...
Se presentan entonces las violaciones a los derechos humanos como hechos lógicos sufridos en el pasado. Una “lógica de la historia reciente” que propone dejar una versión oficial en voluminosos libros basados en las denuncias de las victimas y en su cotejo con un par de archivos (no todos) de la propia dictadura. Esa falsa oposición es lo que se pretende legar como insumo a la memoria.
Y como la historia oficial exige el fin de la guerra sin vencidos ni vencedores, se propone una “lógica de la reconciliación” por la cual el guerrillero y el militar se estrechan en un abrazo, bajo el beneplácito del poder que los enfrentó y ante la mirada de una sociedad civil a la que, como víctima, no le dan la verdad, no le permiten la justicia y no le responden el dónde están.
Impunidad política
El Estado es impune porque fue un Estado terrorista y la política es impune porque no termina de hacer confesar al Estado su condición de terrorista de Estado. Cada partido político que asume el gobierno termina gobernando por y para el Estado. La “lógica de gobernar” transforma al político en un burócrata para el cual el Estado importa más que el programa que lo llevó a gobernar.
Los partidos políticos elaboran un programa electoral que se ajuste a lo que los electores quieren en base a la “lógica de las encuestas”. Las empresas encuestadoras establecen lo que los electores quieren, lo que el programa debe decir y, aún, quienes serán los gobernantes. En la impunidad, los partidos políticos escuchan más al encuestador que a sus militantes políticos.
Se impone la “lógica del programa posible” por el cual todo cambia para quedar tal como estaba. Ya no se plantean ideas de cambio real ni teorías revolucionarias. No hay debate, no hay propuestas, no hay modificación estructural. Hay que conseguir la mediocridad posible que obtenga la mitad más uno de los votos. Las raíces del árbol quedan quietas, se sacude el follaje.
Y cuando el elector reclama que se cumpla el programa que votó, desde el Estado se acata la “lógica del soberano”. Ya no son los dirigentes que el elector puso en el gobierno, sino que son los gobernantes de todos. Así, el programa se diluye, la plataforma se acota y las propuestas que votaron las mayorías quedan sujetas a las minorías que no los votaron.
En el gobierno, en el parlamento y en los partidos políticos la verdad se maneja desde el secreto, para no afectar a los electores y no atemorizar a los que no los votaron. El secreto, a veces se comparte con la oposición que mantiene la reserva como cuota de poder responsable. La impunidad impone la “lógica del secreto de Estado” por la que llegamos a un Estado del secreto.
Impunidad judicial
El Poder Judicial está afectado por el virus de la impunidad. Formados en el autoritarismo, los jueces y fiscales no terminan de sacarse de encima la bota que los sometió desde 1972. Primero fue la justicia militar, luego un ministerio, y ahora el Poder Ejecutivo, quien decide qué juzgar o qué no. La “lógica del poder dependiente” hace que jueces no sepan que hubo dictadura.
La necesidad de verdad choca contra el pacto de silencio militar y contra el silencio de Estado que lo ampara. La “lógica del olvido” es la receta que se plantea ante quienes denuncian ante el Poder Judicial. Ya pasaron 30 años, no hay pruebas, no sobreviven testigos y yo no me acuerdo si estaba, alegan. Pero la verdad, rebelde, vuelve a aparecen de a ratos para exigir justicia.
Con la “lógica de la justicia posible” se propuso que el grupo de criminales más comprometidos en las violaciones a los derechos humanos fueran los únicos que, por un tiempo, estarían presos. Lo demás ya es pasado reciente, dicen sin comprender o admitir que son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles sea cuando sea que se cometieron.
Para evitar que la justicia pueda continuar actuando más allá de los dictadores y de los conocidos represores, se aplica la “lógica de la no retroactividad”, por la cual las leyes que tipifican los crímenes de lesa humanidad no valen para el pasado. Insólitamente los poderes del Estado están planteando que sólo se podrán juzgar como tales cuando se vuelvan a practicar…
Y cuando todo lo demás no da resultado, cuando los fiscales investigan y los jueces sentencian, luego de soportar decenas de dilatorias de los abogados defensores, se intenta aplicar otra chicana: la “lógica de la prescripción”, por la que el 1° de noviembre de 2011 todos los delitos habrán prescripto. Sin embargo, no puede prescribir lo que no se pudo juzgar por la ley de caducidad.
Ante la amenaza de que lo que en realidad ocurrió aflore, se plantea el chantaje de la “lógica de la verdad por la justicia”. No habrá justicia si no se llega a la verdad y nadie que la sepa va a decir la verdad porque corre el riesgo de ir preso, dicen. Sin embargo, ya han comenzado a ser presos quienes saben la verdad y la ocultan. La verdad no es negociable. Y ella exige justicia.
Un país sin impunidad
Para llegar a un país sin impunidad, hay que cambiar estos sinlogismos de la impunidad por una “lógica de los derechos humanos”, donde la verdad, la justicia, la ética y la memoria establezcan una sociedad de iguales, como se proclamó en marzo en Buenos Aires. La declaración universal de los derechos del hombre de 1948 sigue vigente. Hay que reglamentarla y hacerla cumplir.
Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la verdad” para que se abran los archivos secretos, para que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y sus cómplices excluidos, en particular de la docencia, para que se establezca una doctrina democrática en las fuerzas de seguridad y sus alianzas internacionales.
Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la justicia”, con su respeto y fortalecimiento presupuestal y técnico, para que quienes juzgan puedan aplicar la jurisprudencia internacional como base doctrinal, sin ser sometidos a presiones de ningún tipo y se garantice a las víctimas y sus familiares el amparo de la ley y una respuesta al dónde están.
Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con “una lógica de la ética”, para que el derecho sea humano y quienes legislan incorporen los convenios internacionales como leyes supranacionales y eliminen toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipifiquen los crímenes de lesa humanidad, reparen a las víctimas y se asegure el nunca más.
Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la memoria”, para que la cultura de los derechos humanos se incorpore a la enseñanza de todos y todas los integrantes de una sociedad que debe ejercer sus derechos civiles y culturales, en equidad, sin olvidar jamás lo que ocurrió, porque esa será la certeza de que no vuelva a pasar.
Para llegar a un país sin impunidad, también nosotros debemos indignarnos y reclaman a quienes tienen la responsabilidad del poder de gobernar, de legislar y de juzgar que cumplan su tarea. Y desde esa “lógica de la indignación pacífica” exigir que se renueve un contrato social que permita convivir hacia dentro y fuera de fronteras, sin miedo a la opresión de ningún poder en el mundo.
Roger Rodríguez
(Intervención realizada en la Mesa Redonda y Debate sobre "Cultura de la Impunidad".
Galería Machango "Espacio de Arte". San Carlos, Maldonado - 11/06/2011)
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