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Erika RamirezMilitares, policías federales y servidores públicos encabezan la lista de agresores contra la prensa mexicana, documenta Artículo 19. La organización internacional, con oficinas en México y Centroamérica, contabilizó 172 casos que inhibieron la libertad de expresión en 2011. Los hechos: asesinatos, desapariciones y ataques explosivos a las instalaciones de los medios de comunicación, entre otros
La organización internacional Artículo 19 ?con oficinas en México y Centro América?, documenta en Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia en México. Informe 2011, un total de 172 agresiones contra periodistas, trabajadores de medios e instalaciones de los mismos, tan sólo el año pasado.
De origen inglés, Artículo 19 trabaja desde hace más de 20 años en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Esta organización identifica que los ataques del año pasado consistieron en: nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o de explosivos contra instalaciones de medios.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran: Veracruz con 29; el Distrito federal con 21; Chihuahua y Coahuila con 15 cada uno; y Oaxaca con 11 casos.
“Lo anterior –indica el informe–, en medio de una crisis de “seguridad pública” en el país con origen en el crecimiento y expansión de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más violentas entre ellos y el papel asumido por la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en la estrategia para enfrentarlos”.
Según la organización internacional, “la dificultad para restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio nacional ha obligado al gobierno federal a iniciar operativos coordinados entre la Marina, el Ejército y la Policía Federal, que han implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según datos de la Defensa Nacional hasta 2010”.
Rodrigo Bonilla, coordinador del departamento de libertad de prensa de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por su sigla en inglés), con sede en París, Francia, dice que la causa de la violencia contra los comunicadores mexicanos es estructural: “No existe una cultura de respeto a la prensa. No hay la idiosincrasia de que el periodista es un ciudadano informado y con un rol particular e importante, si es que la sociedad quiere ser democrática.
“Esto se mide con el nivel de agresividad de las autoridades frente a la prensa, la falta de voluntad política en proteger a los periodistas y la inmovilidad de la opinión pública, frente a lo que se está viviendo. En otras sociedades, si la prensa estuviera viviendo lo que la mexicana habría marchas continuas”, comenta.
.El Estado, principal perpetrador
La lista muestra que, a nivel federal, los principales agresores fueron los militares, con 45 casos; integrantes de la Policía Federal con 36; y servidores públicos con 17. En los estados, 77 casos ocurrieron de manos de agentes locales, en tanto que 44 fueron por parte de funcionarios. Mientras que otros adscritos a gobiernos municipales incurrieron en 47 y su policía contó 37.
El periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, uno de los fundadores del semanario sinaloense Ríodoce, indica que el problema de violencia que hay en el país y, en consecuencia, para con el gremio periodístico “es síntoma de la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo. Un país que debería avergonzarnos a todos porque los jóvenes no pueden estudiar y son rechazados de las escuelas públicas”.
Galardonado en diciembre de 2011, con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas, Javier Arturo enumera los diversos factores que afectan el trabajo periodístico en el país: “La división de los principales cárteles, una política del gobierno antinarco muy torpe y la falta de investigación y persecución de políticos y empresarios involucrados en la delincuencia organizada, aunada a los banqueros que lavan dinero. Todo esto, sin incluir políticas sociales que atiendan el problema de la miseria.
“Lo otro son factores históricos: mucha de la droga que pasaba por aquí, ahora se queda. Los cárteles están en medio de un proceso de degeneración impresionante, su distintivo es la crueldad, ya no hay nada que los detenga. Cada suceso es para sorprendernos y lamentarnos más de estos niveles de violencia”, comenta.
David García Davish, director y fundador de la agencia de noticias Quadratín, en Michoacán, apunta que en su estado, al igual que el resto de la república, se han acrecentado los riesgos para cumplir con la tarea profesional periodística. Sin embargo, es optimista y agrega que “empieza, aunque de manera incipiente, a manifestarse una preocupación en el gremio. Se comienzan a interesar en la organización y en llevar a cabo protocolos que permitan blindarnos y protegernos en lo personal”.
Las cifras de la organización internacional indican que del presupuesto de 25 millones de pesos, asignados el año anterior, sólo se ejercieron 886 mil 678, es decir el 3.55 por ciento del total. Y apenas 22 mil 367 pesos fueron orientados a la protección de familiares de periodistas en Sinaloa, mediante medidas cautelares.
Artículo 19 indica que ésta había sido la exigencia más urgente, “derivada de la necesidad de adoptar medidas inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen el periodismo”.
En 2008, relata el organismo internacional, se pidió por primera vez al Estado mexicano la creación de este mecanismo. Dos años después, el 3 de noviembre, y después de varios foros de discusión, la Secretaría de Gobernación anunció la firma de un convenio para la instrumentación de acciones de prevención y protección a periodistas, supuestamente “en cumplimiento de las numerosas recomendaciones al Estado mexicano en ese sentido.
“Éste no fue sino la formalización de la coordinación entre autoridades para ejercer el mandato que ya tienen vigente y que no han instrumentado de manera efectiva. La sociedad civil fue ajena a la elaboración del documento”, muestra el informe.
Ricardo González, Oficial del Programa de Protección a Periodistas de la Oficina en México y Centro América de Artículo 19, dice que el “Estado es cómplice en muchos niveles, es el principal perpetrador de agresiones a la prensa; son los responsables de combatir la impunidad y no están atendiendo esa parte. No ofrecen mecanismos de protección a la prensa”.
Comenta que con este convenio se “creó una gran simulación, lo que demuestra una falta de compromiso político para atender la situación y capacidad. ¡No quieren y no pueden! No acaban de entender qué es lo que tienen que proteger, tampoco cuál es el papel que juega la prensa en este contexto de violencia. No es que se requiera de una respuesta compleja, sólo se necesita que cada instancia realice su trabajo”.
Preocupación simulada
El informe de Artículo 19 Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia en México, también resalta que hay varios puntos que hacen de este “convenio” una simulación que permite al Estado mexicano reportar avances sobre diversas recomendaciones que ha recibido:
Las recomendaciones emitidas por el Comité no son vinculantes, su cumplimiento queda al arbitrio de las autoridades.
No se prevé la asignación de recursos financieros.
No cuenta con una perspectiva transversal de derechos humanos y de género, que ponga en el centro de atención a las víctimas.
Se habla del Comité como un órgano de auxilio técnico, pero no se establece la capacidad técnica y pericia de quienes harán la evaluación de riesgos ni el catálogo de medidas de protección o el plan de capacitación para quienes emitirán las recomendaciones.
El convenio carece de reglas mínimas bajo las cuales deberán funcionar el Comité Consultivo, la Secretaría Técnica y la Subcomandancia de Evaluación; tampoco establece los plazos en que deberían atenderse de manera inmediata.
El convenio no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no genera derechos a las posibles personas beneficiarias conforme la ley mexicana.
El mecanismo fantasma
El Mecanismo de Protección a Periodistas fue firmado por los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora (fallecido el 11 de noviembre de 2011); de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; de la Procuraduría General de la República, representada por Arturo Chávez; y por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Entre los antecedentes se destaca que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el derecho a la libertad de expresión, así como la obligación del Estado mexicano a garantizar estos mismos derechos. En concordancia con ello, el Estado mexicano es parte de diversos instrumentos internacionales en la materia, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
El ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión por parte de los periodistas es una actividad fundamental para la construcción de una sociedad bien informada que contribuya al fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Por lo que es obligación de las autoridades federales y locales competentes garantizar la protección y auxilio a quien ejerza su derecho de libertad de expresión mediante la labor periodística
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