Natasha PittsEsta semana, Amnistía Internacional ha publicado a nivel mundial su Informe Anual sobre 2012: El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. En el capítulo sobre Uruguay, la organización destaca puntos como los avances y retrocesos en la situación de impunidad en el país, el acceso a la justicia, la situación carcelaria, la violencia de género y derechos humanos de las mujeres.
Periodista de Adital
Adital
Amnistía recordó que el año pasado, uno de los avances registrados en el país fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ordenó la eliminación de los obstáculos que impedían las investigaciones y los juicios por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico militar. Uruguay también ha sido declarado responsable de la desaparición forzada, en 1976, de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el secuestro de su hija, María Macarena Gelman García.
Otro avance destacado fue la aprobación en octubre de 2011, de la Ley que anula los efectos de la Ley de caducidad de la imputabilidad punitiva del Estado, aprobada en 1986. Y la firma de un decreto presidencial revocando las decisiones de otros presidentes y permitiendo que las denuncias sobre tortura salieran a la luz.
La sección Amnistía Internacional (Uruguay) asegura que seguirá firme en la tarea de vigilar las políticas del Estado uruguayo que se relacionan con el cumplimiento de los derechos a la memoria, verdad, justicia y reparación, a fin de garantizar que Uruguay cumpla con sus responsabilidades.
A pesar de los avances, la situación de algunos sectores aún dejan que desear en el país. Entre ellos, el carcelario. La situación de los reclusos es considerada preocupante. Además de la demora en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas en 2009, la precariedad en que viven los presidiarios puede determinarse por las celdas superpobladas, las estructuras físicas inadecuadas y el uso indiscriminado de la detención preventiva.
En este contexto, Amnistía recuerda que el Estado uruguayo es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y, por tanto, debe garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en lugar de apoyar y fomentar iniciativas tales como la reducción de la mayoridad penal.
Los derechos de la comunidad de lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero e Intersexo (LGBTTI) también están siendo vigilados. Una de las situaciones que más preocupan es el asesinato de mujeres trans y el tratamiento que los medios de comunicación ha dado a estas personas. Por lo tanto, Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar no sólo la vida de dichas personas, también el derecho a no ser víctimas de violencia por su origen, raza, género, orientación sexual y edad, pide además que los medios de comunicación tengan respeto a la diversidad y la integridad de las personas en la ocasión de informar y difundir noticias.
En las áreas que afectan directamente a las mujeres, Amnistía destaca cómo retroceso la falta de respuesta del Ministro de Salud Pública, sobre los mecanismos de que disponen las uruguayas para prevenir y denunciar la violencia en el parto. El año pasado, la organización lanzó una campaña nacional para combatir este problema reportado por cientos de mujeres.
También se cita la violencia contra la mujer. La preocupación de Amnistía Internacional radica en el hecho de que los asesinatos de las mujeres víctimas de violencia doméstica continúan creciendo. Por eso piden al Estado uruguayo actuar de manera eficaz a fin de permitir que las víctimas de violencia doméstica tengan acceso a la justicia y que los culpables sean debidamente castigados.
El derecho al aborto también fue citado como una necesidad de cientos de mujeres y niñas que son obligadas, cada día, a buscar clínicas ilegales para realizar abortos inseguros para su vida y salud.
Para más información sobre el informe, acceda a: http://www.amnesty.org/es/annual-report/2012/introduction
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
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