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El gobierno de Rafael Correa se había ganado el favor de los ambientalistas ecuatorianos al revocar hace cuatro años más del 80% de las concesiones mineras de este país, y declarado una moratoria hasta que se promulgase una legislación más favorable para el Estado.
Ahora que la legislación existe, Ecuador se prepara para convertir la minería en la principal fuente de divisas del país, con el agravante de que ésta tendrá lugar principalmente en cabeceras de cuenca de ríos que drenan hacia territorio peruano.
Media docena de proyectos mineros impulsados empresas chinas, coreanas y canadienses colocarán al país entre los grandes productores de oro, plata y cobre del Mundo: solo cinco de los proyectos mineros priorizados por el Gobierno ecuatoriano involucrarán una inversión de unos ocho mil millones de dólares en cuatro años.
La empresa canadiense Kinross Gold planea explotar los depósitos de oro del Proyecto Fruta del Norte, en la provincia de Zamora Chinchipe, al lado de la frontera con Perú. Éste es uno de los descubrimientos más grandes de oro del mundo (6.8 millones de onzas de oro y 9.1 millones de onzas de plata, muy similar a Conga).
Otro gran proyecto minero, el Mirador, esta vez impulsado por la empresa china Ecuacorriente, explotará reservas de más de 10 mil millones de libras de cobre. Esta compañía también posee los derechos del proyecto minero de cobre Panantza-San Carlos, cerca de El Mirador. Corea también planea invertir 4 mil millones de dólares en proyectos mineros.
A pesar de la oposición de organizaciones indígenas y grupos ecologistas ecuatorianos, el acuerdo inicial con Kinross fue firmado en diciembre del 2011 (con una inversión inicial de 1200 millones) y con Ecuacorriente en marzo del presente año (con una inversión inicial de 1400 millones de dólares). Se trata de minería a gran escala, a cielo abierto, en zonas sumamente frágiles de la Cordillera del Cóndor, provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en torno al Parque Binacional El Cóndor, en las cabeceras de los ríos Santiago, Cenepa y Morona, afluentes del Marañón.
Los opositores a estos proyectos en Ecuador afirman que mientras las comunidades locales sufrirán los impactos ambientales, los beneficios serán para otros, tal como ha ocurrido en las zonas petroleras, donde persisten altos niveles de pobreza y de contaminación ambiental luego de décadas de explotación de crudo. Nadie de momento se ha pronunciado en el otro lado de la frontera, en Perú, pese a que será probablemente el más afectado, ya que los desechos y relaves serán arrastrados por las aguas hacia nuestro territorio.
Es como se impulsase media docena de proyectos Conga, con el agravante de que el ecosistema es todavía más frágil, si cabe, que el de las montañas de Cajamarca: las precipitaciones en la zona superan los 3,000 milímetros al año en promedio, y las pendientes pueden superar en muchas zonas los 60 y 70 grados. Tanto en el lado ecuatoriano como en el lado peruano habitan pueblos indígenas (Shuar en Ecuador, Awajún, Wampís y Shapra, en Perú) que dependen para subsistir en buena medida de los recursos acuáticos y forestales, y de la calidad del agua del río.
Hace menos de dos años, estudios preliminares realizados por el IIAP demostraron los altos niveles de contaminación con metales pesados de varias especies de peces capturados en lagos del bajo Marañón. La fuente de esta contaminación, no determinada hasta ahora, puede estar relacionada con la actividad petrolera en el Marañón y sus afluentes, con los vertidos de químicos precursores usados por los narcotraficantes para la producción de cocaína (se calcula que son vertidas más de 15,000 toneladas anuales de tales químicos sólo en Perú), y con la minería, tanto formal como informal, en toda la cuenca alta del Marañón.
Cabe recordar que hasta ahora sigue operando un número de dragas ilegales en la zona de Saramiriza, dedicadas a la extracción de oro. También la deforestación que desnuda las rocas andinas en las vertientes orientales de los Andes contribuye a incrementar los niveles de metales pesados y otros contaminantes (por ej., aluminio) en los cuerpos de agua amazónicos.
El incremento de la contaminación con metales de las aguas del Marañón sería catastrófico para las comunidades ribereñas. Mucha gente no tiene otra fuente de agua de consumo que la del Marañón, y la mayor parte de sus alimentos con cultivados en los suelos aluviales regados por el río; sin embargo, el mayor riesgo radica en el alto consumo de pescado de los indígenas y ribereños (hasta más de 100 kg/persona/año en comunidades del Marañón, según un estudio de 1995 de Salvador Tello, del IIAP).
También está en riesgo la población de las ciudades como Nauta, Yurimaguas e Iquitos, que consumen mucho pescado proveniente del río Marañón. Como se sabe, la mayoría de los metales pesados (incluyendo el mercurio usado por los mineros ilegales para amalgamar oro) son bioacumulables y pasan al ser humano a través de la cadena trófica (vía el pescado, principalmente).
Las fuerzas vivas de la Región Loreto deben tomar conocimiento de estos riesgos y exigir al Gobierno Peruano que tome medidas urgentes a fin de controlar todas las fuentes de contaminación de las aguas del Marañón, y no agrave el problema con proyectos de alto impacto como la construcción de hidroeléctricas.
La Cancillería de Perú debería exigir al Gobierno de Ecuador que se cumplan los más altos estándares ambientales en sus operaciones mineras en la frontera, que no son solo de su incumbencia, porque el impacto de la deforestación y remoción de tierras, y los probables vertidos de relaves, los sufrirá más el Perú.
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Ecuador: Reprimen protesta en embajada de China por megaminería en Cordillera del Cóndor
La organización ambientalista Acción Ecológica divulgó hoy el maltrato y desalojo que sufrió medio centenar de personas que ocupó pacíficamente la embajada de China en Quito en protesta por la firma de un contrato minero a desarrollarse en la Cordillera del Condor.
La acción de protesta de medio centenar de personas se produjo alrededor de la 1 p.m. del lunes 5 de marzo, poco antes de la firma de un convenio entre el gobierno de Ecuador y la empresa China Ecuacorrientes Resocurces (ECSA).
Activistas de derechos humanos denuncian que la represión fue excesiva y los ocupantes sufrieron un maltrato injustificado. Siete mujeres se encuentran aún detenidas en la sede de la Policía Judicial.
Según ha trascendido la Embajada China no pidió la intervención policial ni tampoco ha formulado cargos contra los manifestantes.
En los exteriores se encontraban alrededor de 50 personas que respaldaban el acto, además de periodistas y asambleístas; que también fueron víctimas de la represión
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