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| Uruguay: Guichón- Aguas contaminadas por agroquímicos |
También preocupa la situación de las Usinas Potabilizadoras de Agua (UPA) puesto que no hay regulación que establezca zonas de exclusión de fumigaciones en sus cercanías, así como la existencia de plantíos de soja en la zona de cursos desde los cuales luego se extrae agua para el consumo humano.
Los vecinos y Rapal solicitan ampliar la regulación en las distancias de las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en las cercanías de las fuentes de agua; prohibir las fumigaciones aéreas de agrotóxicos a una distancia inferior a 500 metros y terrestre a 300 metros del límite de las UPA (como actualmente rige para centros poblados y escuelas rurales), controlar el estado del agua por OSE, hacer análisis de residuos de agrotóxicos en forma periódica, tanto para el agua bruta como la potable, así como se hace para otras sustancias; eliminación de sustancias altamente tóxicas para el agua como el herbicida Azatrina, y prohibir las fumigaciones aéreas los días de viento
.RECLAMAN ANÁLISIS PERIÓDICOSMarcelo Fagúndez, quien reside en Guichón y forma parte de un grupo de ecinos movilizados por el medio ambiente, junto con María Isabel Cárcamo, integrante de Rapal, afirmaron que “este modelo de agricultura industrial, liderada por el cultivo de la soja transgénica, desde su introducción ha generado un crecimiento sustancial en el uso de agrotóxicos” y, en contrapartida, OSE no cuenta con la capacidad técnica para hacer análisis periódicos de residuos de agrotóxicos en el agua.
“Este modelo de contaminación avanza a pasos agigantados y no se acompasa con las necesidades. Un ejemplo de ello es el cumplimiento en las regulaciones ya existentes, así como también la falta de capacidad técnica para cumplir con lo que ya está establecido. Este es el caso concreto de los análisis periódicos de los residuos de agrotóxicos. Hace dos semanas –quiero hacer hincapié en esto– tuvimos una reunión con el subdirector de OSE, quien nos dijo que estaban en conocimiento de la posibilidad de que existieran residuos de agrotóxicos en el agua, pero que no contaban con la capacidad técnica para poder hacer análisis periódicos en todas las Usinas Potabilizadoras del país”, dijo Cárcamo.
En Uruguay existen 98 Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA). “Son superficies totalmente abiertas y no existe regulación respecto a las cercanías de ellas. Se puede fumigar arriba de las UPA, son abiertas, se fumigan y todos los residuos caen allí. Repito: no existe regulación aérea ni terrestre respecto a las cercanías de las UPA”, añadió.
En este sentido, recordó a los legisladores que la norma 833/20/08, elaborada por entes del Estado y publicada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el agua potable para el consumo humano, cualquiera sea su fuente de captación, tipo de tratamiento, producción y sistema de distribución. En la misma se habla de sustancias varias a controlar y analizar, entre las cuales se encuentran los agrotóxicos. “Sin embargo, en este momento no está claro si se están haciendo los análisis, con qué frecuencia se hacen y con qué valores aplicados”, dijo.
Señaló también que en febrero de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió establecer mayor restricción a la aplicación de productos fitosanitarios cuando se realiza en cultivos próximos a corrientes naturales de agua o fuentes de agua superficial. No obstante, Rapal considera insuficiente que se prohibieran las fumigaciones aéreas a menos de 30 metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua y las aplicaciones terrestres a 10 metros de la misma.
La representante de Rapal también manifestó preocupación por el uso de un herbicida llamado Azatrina, que incluso en dosis muy pequeñas causa efectos graves en la salud de la gente, específicamente en el sistema endócrino.
“En los últimos años, la contaminación del agua por agrotóxicos ha sido una preocupación manifestada por distintos actores de la sociedad, incluso en el 2010 se encontraron residuos de este herbicida en Santa Lucía”. “Nos preguntamos si se encontró Azatrina en el río Santa Lucía de forma casual o fue porque se realizaron estudios periódicos. Esta misma pregunta se la hicimos al señor subdirector de OSE y respondió que periódicamente se realizaban análisis. Cabe preguntarse, entonces, con qué frecuencia se realizan esos estudios y cuáles son los valores aplicados. Asimismo, se le preguntó al subdirector de OSE qué ocurre en otras Unidades Potabilizadoras de Agua del resto del país. Nos respondió que existen problemas técnicos. Es cierto, porque quienes trabajamos en el tema de los agrotóxicos sabemos que para realizar análisis se debe saber, específicamente, qué es lo que se está buscando. No se puede realizar un análisis a nivel general, debe estar dirigido a la sustancia que se desea encontrar. Obviamente, si no busco esa sustancia, no la voy a encontrar”, agregó.
PREOCUPACIÓN GUICHONENSE
La principal preocupación de los vecinos de Guichón respecto a este tema se refiere a la posibilidad de existencia de residuos tóxicos en el agua que consume la población de dicha ciudad, puesto que la usina potabilizadora es a cielo abierto y a 70 metros están los plantíos de soja que periódicamente son fumigados.
“Vivo en Guichón, que es una localidad de 5.000 habitantes que se abastece de agua por una Unidad Potabilizadora. De alguna manera, estamos siendo afectados por la cercanía de la soja, que llega hasta 70 metros de donde está instalada la Unidad Potabilizadora. También se encuentra cerca del cultivo de soja y del monocultivo de eucaliptos la cuenca del arroyo Guayabo, que es de donde extrae agua la Unidad Potabilizadora. Este arroyo también suministra agua a la potabilizadora de las termas de Almirón”, explicó Marcelo Fagúndez.
“Junto a otro grupo de vecinos hemos tratado de concientizar a la población acerca de lo grave de la situación y de los problemas que estos productos pueden causar a la salud. Y es por esta razón que asociamos muchas enfermedades de nuestra comunidad a las fumigaciones con agrotóxicos hechas sobre la UPA y en el arroyo Guayabo. La gente está más guardiana y siente un rechazo al avión cuando está fumigando, y es por eso que las empresas sojeras optaron por fumigar de noche”.
“Hemos constatado que algunas noches se ha fumigado a pesar del viento. Además, estamos prácticamente seguros de que las derivas llegan a la pileta de decantación que tiene la UPA que, repito, es a cielo abierto”, añadió. Dijo que en opinión del grupo de vecinos que representa antes de la llegada de la soja a gran escala “no teníamos tantos problemas de salud en la población” aunque reconoció que no hay estudios hechos, “si bien se los solicitamos al director del Hospital en su momento para elaborar una estadística sobre enfermedades puntuales a fin de saber si se han incrementado o no”.
“Nos preocupa mucho que no se hagan análisis, ya que tenemos al alcance de nuestras manos información sobre la peligrosidad de los productos utilizados. Cuando se fumiga en la zona, nos da un poco de temor abrir las canillas y la verdad es que no todos pueden comprar agua embotellada”, sostuvo.
"No hemos tenido respuestas"
Los vecinos de Guichón sostienen que a pesar que desde 2008 están movilizados por este tema, no han tenido ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades locales, departamentales o nacionales.
“En aquella época comenzamos a manifestar nuestra preocupación ante las autoridades por la aparición de los primeros monocultivos de eucaliptos en la cuenca del arroyo Guayabo. Recuerdo que en aquel momento era el ingeniero Berterreche quien estaba al frente de la Dirección Forestal. En esa instancia le hicimos llegar nuestra preocupación y a partir de entonces, hemos estado exigiendo permanentemente a las autoridades que se realicen análisis profundos del agua que estamos consumiendo, tanto del lecho del arroyo como de la planta potabilizadora”, dijo a EL TELEGRAFO Marcelo Fagúndez, quien aportó fotos de la planta potabilizadora de Guichón y fotos satelitales con el detalle de la distancia entre los cultivos y la planta de OSE a las comisiones de Salud y Medio Ambiente del Senado.
“Muchas de las autoridades departamentales que consultamos se enteraban, en el momento en que les estábamos planteando el problema, que no se estaba haciendo el análisis agrotóxico del agua. Sabemos que este problema se plantea en muchas localidades, no solo en Guichón”, agregó. Mencionó también que hace un año la Comisión de Medio Ambiente que instaló en Guichón el Municipio y la Intendencia (luego de la aparición de numerosas latas con restos del agroquímico endosulfán en el basurero de esa ciudad) comprometió análisis de agroquímicos en el agua que no se han realizado. “Nos prometieron que iban a hacer un convenio con el LATU y reconocieron que no se estaban haciendo los análisis; hasta hoy no se nos ha hecho llegar nada”.
Fagúndez consideró que en el caso de la UPA de Termas de Almirón, que es un centro turístico importante para el departamento, también debe establecerse un zona de exclusión para fumigaciones.
“Cualquiera de ustedes que concurra a un centro termal y vea un avión fumigador a 200 o 300 metros no va a quedar muy tranquilo. Quiere decir que no solo estaríamos protegiendo y salvaguardando la salud, sino también el turismo. El Estado nos vende agua potable, por lo tanto, nosotros exigimos que el agua que consumimos, no solo en la localidad de Guichón sino en otras del interior del país, tenga controles profundos de agroquímicos y que realmente estemos pagando por agua potable para consumo de nuestros hijos y de nuestra comunidad”, afirmó.
Fuente: Nación Charrúa Artiguista
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