domingo, 10 de enero de 2010

Colombia: Liberan a militares masacradores de campesinos

Los mataban haciéndolos pasar por "guerrilleros"

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hoy su gran preocupación por el curso que han tomado los procesos que se realizan en el país por las ejecuciones extrajudiciales.

La Oficina se pronunció al respecto al cuestionar la libertad provisional que un juez de Bogotá otorgó este jueves a 17 integrantes del Ejército, a quienes se investiga por haber presentado en 2008 como guerrilleros abatidos en combates a jóvenes de una localidad aledaña a Bogotá que fueron desaparecidos, al parecer por los militares.

Estoy extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como en las madres de las víctimas y los testigos señaló Christian Salazar Volkmann, representante en Colombia de la ONU.

Salazar anotó que para la oficina de Naciones Unidas sigue siendo de extrema gravedad el patrón bajo el cual se cometieron muchos de estos hechos, según el cual las víctimas fueron contactadas por miembros de redes criminales, entre quienes se contaban efectivos de la fuerza pública, y posteriormente fueron reportadas como muertos en combate.

De igual forma, manifestó que aunque el gobierno ha tomado medidas para contrarrestar estos delitos, el Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.

Esto exige asegurar plenas condiciones de oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad e independencia frente a procesos de tan alta trascendencia y significación en la lucha contra la impunidad, precisó.

La Oficina igualmente hizo un llamado a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos.

Sobre el caso, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, aseguró que la libertad concedida a los militares por vencimiento de términos es una manifestación de impunidad.

"Aún cuando el proceso siga y haya la posibilidad de recapturar a esas personas más adelante, una de las manifestaciones de la impunidad es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan porque la sociedad se pone en peligro", expresó.

Respecto a la situación, el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, dijo que denunciarán ante organismos internacionales la inoperancia de la Justicia local.

A lo que estamos asistiendo es a una impunidad de Colombia, comentó.

Los familiares de las víctimas aseguraron que acudirán ante la Corte Penal Internacional para llevar el proceso de sus familiares, quienes fueron presuntamente asesinados por los militares en 2008.

Los casos de ejecuciones, que la prensa colombiana denomina falsos positivos, se ha denunciado desde hace años, pero los casos empezaron a llamar la atención desde septiembre de 2008, cuando 11 jóvenes de la localidad de Soacha, ubicada a las afueras de Bogotá, fueron desaparecidos y posteriormente presentados por militares como abatidos en combates en el noreste del país.

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