No criminalizar la pobreza

El 22 de junio será el lanzamiento oficial de la red "No a la baja", integrada por el PIT-CNT, la FEUU, organizaciones no gubernamentales y juventudes políticas del Frente Amplio. Se han sumado a esa articulación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, y se eligió ese día para la presentación pública con la intención de contrarrestar una jornada nacional de recolección de firmas, convocada por el Partido Colorado para el 18 de junio. La ex diputada Beatriz Argimón (Alianza Nacional, Partido Nacional -PN-) no integra formalmente esa contracampaña, pero se pronunció contra la propuesta plebiscitaria.

El título del documento de Argimón cita la consigna de los promotores de la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad: "Ningún pibe nace chorro. Es más fácil encerrar que hacerse cargo. Yo no firmo".

Ningún pibe nace chorro

La ex directora del Iname, hoy Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), explica en un texto, al que accedió la diaria, que las frases están escritas en dos muros sobre Avenida Italia, y que expresan "con una simplicidad mayúscula, lo que a veces sentimos quienes estamos en contra de esta campaña", promovida por el Partido Colorado (PC) y por prácticamente todo el sector blanco de Unidad Nacional.
Para explicar su postura contraria, Argimón utiliza dos de los argumentos más reiterados por quienes se oponen a la recolección de firmas, principalmente desde el Frente Amplio (FA). "Para quienes no lo saben, la baja de imputabilidad en nuestro país ya se efectuó con la sanción del último Código de la Niñez y Adolescencia [que establece penas desde los 13 años], además se estableció un proceso penal para los adolescentes en conflicto con la ley con medidas privativas de libertad y socio educativas", recuerda Argimón.
Además, la dirigente del PN considera que la "creciente inseguridad ciudadana claramente tiene que ver con los adultos, quienes directa o indirectamente, utilizando adolescentes cometen delitos" y agregó que para demostrarlo "alcanza ver el número de reclusos adultos en las cárceles".
No obstante, también cuestiona al FA por su responsabilidad como partido de gobierno. "La institucionalidad no acompañó con los cambios necesarios las exigencias del nuevo código. Y ahí evidentemente hay un notorio fracaso, especialmente del FA, que durante mucho tiempo, siendo oposición, indicaba que tenía claro el rumbo a seguir en políticas de infancia y cuando llegó al poder no sostuvo, en lo que tiene que ver con la adolescencia infractora, un solo proyecto de resultados existosos", señala. Sin embargo, reconoce que "los tiempos cambiaron, que hay violencia en la sociedad toda y que, por tanto, también los adolescentes son más violentos, también es cierto que las políticas públicas hacia ese sector de la sociedad han fracasado". "Yo tampoco firmo porque quiero que el sistema se haga cargo de estos jóvenes que también son víctimas", culmina Argimón.
Falsas asociaciones
La Red Nacional contra la baja de la edad de imputabilidad en el Uruguay es un espacio que funciona los viernes, y que generalmente se reúne en sindicatos y sedes de organizaciones sociales. Han asistido delegados del PIT-CNT, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la Coordinadora de Estudiantes de la Enseñanza Media, Ielsur, Gurises Unidos, el Comité por la Defensa de los Derechos del Niño y de las juventudes partidarias del Frente Amplio. Han tenido una participación activa los sindicatos más vinculados a la temática, como el que nuclea a los funcionarios policiales, a los del INAU y a los judiciales. También se han integrado a la coordinación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, cuyo principal referente es el dirigente Diego Fau. "La campaña de Pedro es un disparate gigantesco; para un batllista es imposible acompañar esa idea", dijo Fau a la diaria.
Un documento de esta red de organizaciones sociales y políticas, que incluye ocho puntos de acuerdo entre sus impulsores, propone realizar una campaña "respetuosa", que sea capaz de advertir a la ciudadanía sobre los riesgos "que supone la eventual baja de la edad de imputabilidad, buscando desarticular la falsa asociación entre inseguridad y adolescencia". "La baja no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Los países que han implemento estas medidas no han tenido como resultado un aumento de la seguridad.
Por lo contrario, las políticas de mano dura han demostrado especializar y profundizar la violencia", agregan.
En el documento citan datos del departamento estadístico de la Suprema Corte de Justicia, que revelan que apenas 5,9% de los procesamientos en el país corresponde a infracciones cometidas por adolescentes y que 2% del total de delitos cometidos por adolescentes es "contra la persona", mientras que 98% es "contra la propiedad, hurtos o rapiñas". "En 2009 hubo en nuestro país 13.709 denuncias por violencia doméstica, y 32 mujeres muertas, 22.784 accidentes de tránsito con 467 víctimas fatales y 548 suicidios. ¿Son los y las adolescentes los responsables del dolor y del peligro?", señalan. Ayer, además, se reunió nuevamente la comisión integrada por decanos del área social de la Universidad de la República, quienes están elaborando un documento con insumos técnicos contrarios a la propuesta de extender el régimen penal adulto.
 Ese material será discutido el martes 7 de mayo por el Consejo Directivo Central de la Udelar, aunque el rector, Rodrigo Arocena, ya adelantó su postura contraria a la idea que lanzó Vamos Uruguay, a la que luego adhirieron los sectores nacionalistas más cercanos a Luis Alberto Lacalle
La Diaria