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El diario Prensa Libre señala que el estudio identificó a 95.000 familias de varios municipios de las zonas del oeste, noroeste, este y suroeste del país, las cuales sumarían cerca del millón de personas en riesgo alimentario.
El estudio atribuye la situación al incremento en los precios de los alimentos básicos en el mercado local, la reducción de las cosechas de granos como consecuencia de los efectos del cambio climático y la disminución de los ingresos de los afectados.
Las proyecciones incluidas en el estudio, en el que fueron consultados el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Seguridad Alimentaria de la Presidencia, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, advierten que la situación podría empeorar a partir de junio próximo.
Para entonces, indica, empezarán a escasear las reservas de alimentos en las zonas del denominado “corredor seco”, una franja que atraviesa el centro y noreste del país, así como el altiplano en los altos del oeste.
Miles de familias pasarán del estrés a la crisis, durante los siete meses que se prevé durará este año la temporada de escasez de alimentos en las áreas afectadas.
Varias familias en el oriente del país, ya en extrema pobreza, de los municipios de Jalapa, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa podrían entrar en crisis, asegura el estudio.
El pasado 19 de abril, el Gobierno declaró riesgo nutricional en el país para evitar una crisis alimentaria generalizada, el cual contempla un plan de prevención que incluye la distribución de alimentos a las familias que se encuentran en peligro.
lavozdelsandinismo.com
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